El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, descartó que el proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (CATI) signifique el regreso de los cuestionados fotorradares.
Tras los graves accidentes de tránsito registrados en las últimas semanas en la capital, Orrego pidió que el Congreso apruebe la iniciativa que busca implementar una herramienta para fiscalizar el exceso de velocidad y permanece en su segundo trámite constitucional en el Senado desde 2014.
En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la autoridad regional negó que la medida signifique el retorno de los fotorradares. “Esto es un sistema completamente distinto. No está asociado a ingreso a los municipios, está asociado a la vida de las personas”.
“Mucha gente criticaba el tema de los fotorradares porque decía ‘esta es la manera que tienen los municipios de aumentar sus ingresos, entonces hacen esta suerte de cazabobos y ponen estas cámaras en lugares absolutamente escondidos’. No”, agregó.
En ese sentido, Orrego explicó que “aquí se trata de identificar los lugares más peligrosos de la ciudad, inclusive con la debida señalización -decir ‘en este lugar hay un control automatizado de las infracciones’. Más que sorprender, queremos incidir en el cambio de comportamiento de los automovilistas”.
“Además, los fondos van a ir para temas de riesgo vial, no para los municipios”, añadió.
Respecto a su implementación, el gobernador señaló que “una de las cosas que nosotros sí hemos solicitado como Gobierno Regional -y esto vale para Santiago, pero para todo Chile también- es que seamos los gobiernos regionales los que, con participación de municipios y ayudantes técnicos, definamos dónde se instalan estas cámaras y este sistema automatizado para que de verdad se haga en base a antecedentes”.
“Si sabemos que hay 20, 60 o 100 puntos altamente peligrosos en la región Metropolitana, ¿no tiene sentido poner focalizadamente un control ahí automatizado? Yo creo que sí, que le hace bien la ciudad”, continuó.
Finalmente, Orrego reveló que ha manifestado estar disponible para “financiar parte de este sistema de la implementación si es que tenemos la autorización del Senado y el Gobierno, porque una cosa es aprobar la ley -hay una parte que es central que es donde se concentran todas las infracciones-, pero después hay que implementar esto con cámaras en distintos lugares y los gobiernos regionales perfectamente podríamos concurrir en parte del financiamiento de aquello. No solamente con decidir dónde se instalan”.
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