En conversación con CNN Chile, el parlamentario desestimó que exista espionaje político, pidió rigor e imparcialidad en la investigación y advirtió que las acciones del fiscal “le quitan seriedad” a la causa.
El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, arremetió este miércoles contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación del polémico Caso ProCultura.
En conversación con Hoy Es Noticia, el parlamentario aseguró que el persecutor “tiene una obsesión patológica con perseguir al Presidente” Gabriel Boric y que su actuar está marcado por “desprolijidades” que le restan seriedad al proceso judicial.
“Yo confío en la inocencia del Presidente, pero todos sabemos que en torno a ProCultura se generó algo muy gris, muy lejano a la transparencia, y que debe investigarse porque puede haber situaciones de corrupción”, afirmó Núñez.
Sin embargo, cuestionó el enfoque de Cooper: “Lo que uno le pide a la justicia es rigor e imparcialidad. Y ahí, el fiscal Cooper ha cometido errores”.
“Y cuando hace esta persecución no tiene antecedentes y por eso él quiso interceptar el teléfono del Presidente y dos ocasiones se lo rechazan”, agregó.
Núñez también abordó la polémica solicitud del fiscal para interceptar el teléfono del mandatario, la cual fue rechazada en dos ocasiones por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
A su juicio, este intento de “pinchar” el celular presidencial evidencia una “persecución sin antecedentes serios”.
“Creo que las desprolijidades de Cooper le quitan seriedad a la investigación. Aquí tiene que ser caiga quien caiga, pero sin intentar generar culpas a quien no tenga antecedentes serios en su contra”, sostuvo.
Además, indicó que “tiene que haber rigor en los investigadores y en ese sentido el fiscal Cooper está al debe“, puntualizó.
Finalmente, aseguró no “compartir la tesis del FA que habría espionaje político. Hay que ser cuidadoso y rigurosos” al respecto.
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El Caso ProCultura volvió al centro del debate esta semana tras revelarse nuevos antecedentes sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
El eje de la polémica es la acusación de un presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Gabriel Boric, a través de fondos obtenidos por la Fundación ProCultura mediante convenios estatales.
La acusación se basó en una conversación telefónica interceptada por la PDI, en la que una mujer —identificada luego como Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros— afirmó que el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, le habría dicho que no le pagaría una deuda porque “la plata se gastó en la campaña del Boric”.
Con base en esta grabación, el fiscal Cooper solicitó la intervención del teléfono del Presidente, asegurando contar con una “confesión” de desvío de fondos públicos.
No obstante, un reportaje de Ciper publicado esta semana contradijo esa premisa: los fondos relacionados con la deuda de ProCultura con Andros, por un total de $41,9 millones, provienen de aportes de empresas privadas —Enel, Anglo American y Minera Candelaria— canalizados a través de la Ley de Donaciones Culturales.
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