El fiscal Valencia, en CNN Prime, se refirió al debate sobre el secreto bancario: "Que alguien me explique cuál es la garantía que tenemos que asegurar para que la ley nos obligue a pedir una orden judicial para conocer los movimientos de cuenta corriente de los municipios, de los ministerios y de otras instituciones públicas".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió en CNN Prime al debate sobre el secreto bancario. Desde su perspectiva, se podría avanzar mucho más rápido si se consideraran los beneficios de su aplicación.
“No entiendo todavía, y así lo hemos planteado en el Congreso, que haya motivos relacionados con la protección de la identidad de alguien para sostener el secreto bancario de las instituciones públicas, de los ministerios, de las municipalidades, ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. Que alguien me explique cuál es la garantía que tenemos que asegurar para que la ley nos obligue a pedir una orden judicial para conocer los movimientos de cuenta corriente de los municipios, de los ministerios, de otras instituciones públicas, de las instituciones públicas en general, tanto nosotros como la CGR”, planteó.
Desde su punto de vista, esta situación debe ser revisada y, al mismo tiempo, cuestionarse como sociedad si existe efectivamente un derecho a la intimidad involucrado al revisar el secreto bancario de corporaciones o entidades con fines de lucro.
Actualmente, destacó que los bancos han dispuesto turnos especiales para revisar cuentas corrientes durante los fines de semana y en horarios inhábiles.
“Ahora, si tenemos o no que revisar las cuentas corrientes de personas naturales, en general, cuando los fiscales lo pedimos, los tribunales conceden, autorizan que las revisemos”, explicó. Agregó que, en el caso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los estándares para estas solicitudes podrían eventualmente revisarse, considerando las atribuciones especiales que posee dicha unidad.
“Y no cabe duda que si nosotros no tuviéramos que pedir orden judicial para revisar cada cuenta corriente, nuestra investigación sería mucho más eficaz. La pregunta es si la sociedad chilena quiere que cualquier fiscal pueda pedir la apertura de la cuenta corriente sin tener que justificarla necesariamente ante un tercero imparcial”, comentó.
Finalmente, reiteró que, en ocasiones, la discusión se ha centrado únicamente en las personas naturales en relación con los delitos tributarios y el crimen organizado, y que podría existir un acuerdo mucho más amplio si se tratara del acceso a información de instituciones públicas.
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