Puede resultar irónicamente árida, pero la reforma al Código de Aguas. es una de las discusiones más importantes que se están dando en el Parlamento.
Chile es un país desigual, también en el uso de agua y enfrenta el reto de cómo emplear un recurso cada vez más escaso y demandado. Por eso es valorable que nuestro Parlamento encare este desafío. Y que se declare al agua como un bien nacional de uso público. Pero otra cosa es que eso vaya a tener efectos concretos.
Porque hay que ser claros: esta reforma pone fin a la adjudicación a perpetuidad de los derechos de agua… pero sólo para los derechos que se otorguen tras su promulgación. O sea: sólo el 10% del total.
En lo positivo, se cambian las normas para caducar los derechos de agua que no estén siendo empleados y que se da prioridad al uso humano cuando hay escasez. En Chile 41 comunas no tienen agua potable y en amplios sectores los pequeños agricultores y comunidades no cuentan con el vital elemento que sí emplean grandes grupos económicos.
Una vez más enfrentamos un debate en el que subyace qué tipo de sociedad queremos construir si todo, hasta lo más esencial, debe transarse como un bien de consumo.
El balance es complejo, los poderes en pugna muchos y por eso merecemos de nuestros representantes que den un paso, aunque sea tímido en la dirección correcta.
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