La Asociación de Isapres criticó duramente la fórmula que impulsaría el Gobierno para implementar el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de valores y que implicaría una devolución en torno a los US$ 1.400 millones.
La cifra aún no estaría del todo clara, ya que todavía se está a la espera de que el Ejecutivo presente la ley corta instruir el fallo. A través de un comunicado, la organización expresó que “hemos conocido la decisión del Gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo”.
En esa línea, y estimando los costos futuros, las isapres aseguran que “la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades“.
“Es inviable, e incumple, con la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”, agregaron.
Asimismo, plantean que “la propia Corte Suprema, tras fijas este nuevo criterio de operación, ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el Gobierno conoce”.
“Las isapres hemos informado reiteradamente al Gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno”, señalaron.
“No comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria”, añadieron.
Finalmente, subrayaron que “como responsables de las coberturas de casi tres millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud”.
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