Según la resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el castigo no implica estadios vacíos, pero afectará directamente a la Galería Sur del Estadio Nacional, uno de los sectores más emblemáticos para los hinchas azules.
La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP definió este martes las sanciones que deberá cumplir Universidad de Chile luego de los incidentes protagonizados por barristas en el estreno de la Liga de Primera 2026 frente a Audax Italiano.
Según la resolución, el castigo no implica estadios vacíos, pero afectará directamente a la Galería Sur del Estadio Nacional, uno de los sectores más emblemáticos para los hinchas azules.
El Tribunal detalla: “Jugar el próximo partido en que le corresponda actuar en calidad de local en el Estadio Nacional con la denominada ‘Galería Sur’ cerrada y sin acceso de público, incluyendo tal cierre desde la puerta número 11 hasta la 18, ambas inclusive”.
Una vez cumplida esta primera sanción, el club deberá enfrentar dos partidos adicionales con acceso restringido en la misma zona:
“En estas dos fechas solo podrán ingresar a la Galería Sur mujeres de toda edad, menores de 12 años de edad y hombres mayores de 65 años de edad”.
El Tribunal puntualizó que estas sanciones aplicarán sin importar el orden en que se programen los próximos tres partidos de local, sean consecutivos o no.
La resolución también incorporó la evaluación del contexto en que ocurrieron los hechos y consideró factores que atenuaron la sanción.
“Para la toma del acuerdo se consideró la gravedad de los incidentes, como también las circunstancias concurrentes en este caso; tales como, las medidas de prevención adoptadas por el club Universidad de Chile, suficientemente acreditadas… la correcta y oportuna intervención de los integrantes de la Seguridad Privada y el comportamiento de todo el resto del público que no participó en los hechos de violencia”, sostuvo la resolución dada a conocer esta jornada.
Finalmente, la sentencia fundada será notificada próximamente, momento en el cual comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51 del Código de Procedimiento y Penalidades, dando inicio a cualquier acción posterior que pueda derivarse de la decisión.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
