La acción apunta a presuntas irregularidades en la administración interna, la existencia de clubes sin actividad deportiva con derecho a voto y una débil fiscalización por parte del Instituto Nacional del Deporte, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas.
El directorio completo de la Federación Nacional de Lucha Olímpica de Chile (FEDENALOCH) fue formalizado por desacato, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su legitimidad y el uso de recursos públicos entregados por el Instituto Nacional del Deporte (IND).
La medida fue dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que determinó que los actuales dirigentes —incluidos Manuel Espinoza y Ricardo Figueroa— desobedecieron una resolución del 2 de noviembre de 2022, la cual había anulado su elección y ordenado un nuevo proceso conforme a la normativa vigente.
Pese a esta orden, los mismos miembros fueron reelegidos, contraviniendo los estatutos que impiden ejercer cargos por más de ocho años consecutivos.
En ese contexto, este viernes un grupo de deportistas y asociados de la federación, acompañados por la diputada y exatleta Erika Olivera, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República.
El objetivo es solicitar una auditoría completa del uso de fondos públicos por parte de la FEDENALOCH y determinar posibles responsabilidades administrativas en el IND.
Marcelo Castro, integrante de la federación y deportista activo, acusó además la existencia de al menos tres “clubes fantasmas”, sin deportistas registrados ni actividad comprobable, pero que igualmente tendrían derecho a voto en decisiones institucionales.
Según denunció, estos clubes estarían vinculados a la esposa del actual presidente del directorio.
“Estamos pidiendo a la Contraloría que instruya un sumario y fiscalización sobre el uso del dinero público que ha recibido esta federación, a pesar de las irregularidades ampliamente conocidas. Consideramos que esto constituye un grave abandono de deberes”, declaró.
La abogada y deportista María Paz Ríos también criticó el rol del Instituto Nacional del Deporte, al que acusa de mantener un sistema de control “débil e ineficaz” para detectar y sancionar irregularidades en organizaciones deportivas que reciben fondos públicos.
“Es evidente que los mecanismos del IND no están funcionando. La falta de un procedimiento sancionatorio regulado en la Ley del Deporte deja a las federaciones operando sin consecuencias reales cuando cometen faltas graves”, aseguró Ríos.
En representación de los denunciantes, la diputada Erika Olivera pidió formalmente a la Contraloría que fiscalice todas las transferencias realizadas desde el IND a la FEDENALOCH entre los años 2020 y 2025.
Asimismo, solicitó revisar si se cumplieron los controles mínimos exigidos por la Ley del Deporte y evaluar posibles responsabilidades administrativas dentro del propio IND.
“Queremos saber si hubo supervisión real sobre estos recursos, si se aplicaron los mecanismos de control establecidos por ley y quiénes podrían haber incurrido en omisiones o negligencia”, puntualizó la parlamentaria.
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