Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
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El texto identifica a los miembros del directorio albo —entre ellos Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Alfredo Stohwing y Ángel Maulen—, junto al gerente general Alejandro Paúl, como responsables de la conducción de la sociedad al momento de los hechos.
El documento firmado por el ministro Luis Cordero apunta tanto a los barristas identificados como a los representantes legales de Blanco y Negro S.A. por incumplir las normas de seguridad durante el partido disputado el 27 de octubre en el Estadio Nacional.
El Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella criminal por los graves hechos de violencia ocurridos durante el encuentro entre Colo Colo y Deportes Limache, el 27 de octubre en el Estadio Nacional. El escrito —ingresado ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago— está firmado por el abogado Francisco Berthet en representación del ministro Luis Cordero Vega.
La acción penal se dirige contra dos individuos, que ya fueron identificados, además de los representantes legales de Blanco y Negro S.A., concesionaria del club albo, “y todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores”.
Según el texto, “solo minutos después de iniciado el encuentro comenzó una riña entre un grupo de alrededor de 100 personas que se encontraban en la galería norte del Estadio Nacional”, donde “uno de ellos portaba un cuchillo, con el cual intentó agredir a otra persona, y otro un bastón ortopédico tipo muleta”.
Además, el documento detalla que “sujetos no identificados manipularon y activaron una serie de bengalas y fuegos de artificio en la galería norte del recinto deportivo”. Estos elementos —se argumenta— debieron ser detectados por el personal de seguridad dispuesto por el organizador del partido, lo que evidencia “deficiencias en el cumplimiento de las funciones de seguridad privada”.
El Ministerio acusa al club organizador de incumplir las obligaciones establecidas en la Ley N°19.327 sobre Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional. En esa línea, se señala que “las deficiencias en la aplicación de las medidas de seguridad permitieron el ingreso de elementos prohibidos, fuegos de artificio y objetos cortopunzantes, además del escalamiento de estructuras durante el desarrollo del encuentro”.
El texto identifica a los miembros del directorio de Blanco y Negro —entre ellos Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Alfredo Stohwing y Ángel Maulen—, junto al gerente general Alejandro Paúl, como responsables de la conducción de la sociedad al momento de los hechos.
La querella invoca los artículos 12, 13 y 18 de la Ley N°19.327, que sancionan tanto la violencia en los estadios como la responsabilidad de los clubes organizadores por negligencia. También se cita el artículo 269 del Código Penal, que castiga la alteración grave del orden público, y el artículo 14 E de la Ley de Control de Armas, referido al uso de fuegos artificiales sin autorización.
“Los hechos descritos son constitutivos de los delitos previstos y sancionados en los artículos 12 inciso 2°, 13 y 18 inciso 1° de la Ley N°19.327”, afirma el escrito, que solicita al Ministerio Público realizar una serie de diligencias investigativas a través del OS9, OS10 y OS13 de Carabineros.
La acción busca que se apliquen sanciones ejemplificadoras a fin de endurecer la persecución de la violencia en los estadios. En su fundamento legal, el Ministerio recuerda que la Ley N°21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública en abril de 2025, le otorga la facultad de interponer querellas en casos vinculados a esta materia.
El ministro Luis Cordero actúa, por tanto, en representación del Estado en su rol de garante del orden público y de la seguridad en espectáculos masivos. El caso quedará ahora en manos del Ministerio Público, que deberá determinar la responsabilidad penal de los querellados y de la concesionaria del club Colo Colo.
“El Ministerio solicita que se declare admisible la querella y se remita al Ministerio Público para su conocimiento e investigación, a fin de que se aplique a los responsables las penas que correspondan conforme a derecho”, concluye el documento.
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.