La demanda presentada por Chileactores en julio de 2023 acusa a Amazon de utilizar producciones nacionales sin pagar los derechos correspondientes a sus intérpretes. En la etapa probatoria, destacan como testigos reconocidos actores chilenos y peritos contratados por el gremio.
La Corporación de Actores de Chile (Chileactores) continúa su batalla judicial contra Amazon.com Services LLC, acusando a la compañía de utilizar producciones audiovisuales nacionales en su plataforma Prime Video sin pagar los derechos correspondientes a los intérpretes.
La causa, presentada en julio de 2023 ante el 1º Juzgado Civil de Santiago, acaba de entrar en una etapa clave con la presentación de testigos y pruebas documentales por parte de ambas partes.
Chileactores, presidida por la actriz Esperanza Silva, exige el pago de derechos conforme a la ley chilena sobre propiedad intelectual, una multa cercana a los $3,4 millones y una indemnización por los posibles perjuicios causados. Asimismo, busca que Amazon suspenda la transmisión de los contenidos en cuestión mientras no exista autorización expresa para su difusión.
Dentro del listado de testigos convocados por el gremio se encuentran reconocidas figuras del cine y la televisión nacional como Álvaro Rudolphy, Daniel Muñoz, Daniel Alcaíno, Katty Kowaleczko, Néstor Cantillana, Amparo Noguera, Alejandro Trejo, Stefan Kramer y Alejandra “Jani” Dueñas, según reportó La Tercera.
También fueron citados los ingenieros civiles industriales Rodrigo Harrison y Marcelo Villena, en calidad de peritos. Todos los mencionados han firmado contratos de representación de derechos con Chileactores.
Por su parte, Amazon respondió negando cualquier responsabilidad, argumentando que los contenidos son distribuidos desde fuera del país.
Esto, según su defensa, impediría a los tribunales chilenos pronunciarse sobre el fondo de la demanda.
La empresa también cuestionó la legitimidad de los aranceles establecidos por Chileactores y sostuvo que la organización actúa solo como intermediaria, sin ser titular de los derechos reclamados.
En esa misma línea, subrayó que las normas chilenas e internacionales no facultan a la justicia local para intervenir en este tipo de disputas cuando los servicios se originan en el extranjero.
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