Columna de Jorge Jaraquemada: ¿Quién paga la cuenta?

Hay normas que parecen compasivas hasta que uno pregunta quién paga su costo. Una de las que incorporó la oposición al proyecto de reconstrucción es un buen ejemplo: obliga a las empresas sanitarias, eléctricas y distribuidoras de gas a reestablecer el servicio, en breve plazo, a clientes ubicados en zonas de catástrofe, incluso cuando el suministro haya sido suspendido previamente por morosidad.

La intención es razonable. Nadie quiere que una familia afectada por una emergencia quede sin agua, luz o gas. Pero una política pública diligente debe distinguir entre ayudar a quien acaba de sufrir una catástrofe y borrar, por esa sola circunstancia, sus compromisos. No es lo mismo dejar de pagar porque un incendio o un aluvión destruyó la vivienda o el lugar de trabajo que haber incumplido antes y quedar luego liberado, por ley, de las consecuencias de esa decisión.

Los costos no desaparecen porque un precepto decida ignorarlos. Solo cambian de destinatario. Las compañías deberán movilizar cuadrillas y destinar recursos a la reposición urgente de los servicios, aun cuando exista el riesgo de que la infraestructura haya resultado dañada. Esa carga económica la absorberán ellas o la trasladarán a los demás usuarios. Si pagar o no hacerlo produce el mismo resultado, se debilita el incentivo a actuar con responsabilidad. Una política social bien diseñada debe proteger al vulnerable, pero sin convertir esa condición en una dispensa general frente a deudas preexistentes.

El episodio revela, además, una forma de legislar en la que la oposición ha incurrido con facilidad desde marzo: proponer medidas que “suenan bien” por el beneficio inmediato que prometen, pero cuyo impacto menos visible puede ser deletéreo. En la misma iniciativa de reconstrucción promovió, junto con la reconexión obligatoria, el llamado derecho al olvido financiero y la prohibición del anatocismo. Las tres medidas comparten una lógica atractiva a primera vista: aliviar al deudor; pero esconden efectos económicos que alguien más terminará soportando. El alivio de uno puede convertirse en la carga de otro.

Borrar antecedentes crediticios reduce la información necesaria para evaluar el riesgo y encarece o restringe el crédito. Prohibir el anatocismo altera las condiciones bajo las cuales se financian deudas de largo plazo. Y ordenar el restablecimiento del suministro a clientes impagos traslada a terceros los efectos de una deuda contraída antes de la catástrofe. Legislar no solo implica considerar a los beneficiarios visibles de una norma, sino también a quienes asumirán sus resultados.

El Gobierno advirtió el problema y recurrió al Tribunal Constitucional, alegando que la disposición carecía de relación suficiente con las ideas matrices del proyecto. El TC rechazó el requerimiento por nueve votos contra uno. Más allá de esta contundente votación, queda latente una pregunta: ¿por qué La Moneda eligió esa vía en vez de intentar suprimir la disposición mediante un veto presidencial?

La duda es especialmente pertinente porque el Ejecutivo utilizó esa herramienta con éxito respecto del derecho al olvido financiero y la prohibición del anatocismo. Si entendió que ambas podían producir repercusiones indeseadas y consiguió eliminarlas del texto legal, cuesta explicar por qué no siguió el mismo camino frente a la reconexión obligatoria.

Una catástrofe exige ayuda excepcional, rápida y focalizada. Puede justificar subsidios, facilidades de pago o mecanismos especiales para los afectados, pero la emergencia no puede transformar la morosidad previa en un derecho a recuperar el servicio sin condición alguna. Ayudar no supone eximir de los deberes, sino distinguir entre quien no puede pagar y quien ha optado por no hacerlo.

La sociedad debe apoyar a quien cae, pero con reglas que no premien la irresponsabilidad ni hagan recaer sus costos sobre quienes cumplen. Las medidas que “suenan bien” no siempre hacen bien. En política pública hay una realidad ineluctable: la cuenta nunca desaparece; si no la paga uno, termina pagándola otro.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán