El próximo gobierno no tendrá una mayoría en la Cámara Baja. La gobernabilidad se jugará en la capacidad de construir, desde el día uno, una relación inteligente con una suficiente cantidad de parlamentarios, entendiendo sus mapas territoriales, sus líneas rojas fiscales y sus incentivos comunicacionales.
Mientras los comandos presidenciales se juegan las últimas cartas para convencer al electorado de cara a la segunda vuelta, en paralelo se abre otra disputa menos visible pero decisiva de cara a la futura gobernabilidad política: acortar la sombra de incertidumbre que viene con el grupo de diputados y diputadas que no son parte orgánica de alguna de las dos principales coaliciones -Unidad por Chile o la derecha- ni responden de manera necesariamente predecible a las disciplinas partidarias, ya sea por su trayectoria independiente, díscola, de liderazgo local, entre otros factores.
El interés por conocerlos es amplio, pero podría ser un error alojarlo únicamente en la cotizada bancada del Partido de la Gente (PDG) y sus 14 escaños. Según un estudio preparado por el equipo de Candidaturas Chile de Azerta, este es un grupo de hasta 31 diputados y no sólo primerizos: varios reelectos ya han demostrado que pueden elevar el costo transaccional de asegurar sus votos. A este colectivo podemos etiquetarlo como las “bisagras” del próximo ciclo político.
Además del PDG, nuestro examen incluye a legisladores de Demócratas, independientes bajo pacto y al único independiente puro, el diputado Carlos Bianchi. Otros, como es el caso del ex precandidato presidencial del FRVS, Jaime Mulet, han usado su voto como palanca para instalar causas particulares a cambio de su apoyo en reformas (como cuando consiguió que avanzara su moción que declara el Día Nacional del Pajarete). Esa experiencia revela que la gobernabilidad ya no se juega solo en acuerdos entre bancadas, sino también en negociaciones que podrían llegar a ser caso a caso con parlamentarios que convierten nichos territoriales o simbólicos en moneda legislativa.
Un análisis de ocho ejes programáticos construidos a partir de los programas presidenciales de Jeannette Jara y José Antonio Kast permite dimensionar mejor a estas bisagras frente a las dos candidaturas que disputarán La Moneda. Al cruzar posiciones en materia fiscal, laboral, previsional, seguridad, regulación, minería, vivienda y educación, los 31 diputados no convergen en un solo polo, sino que se distribuyen en tres subconjuntos según su mayor proximidad a las cartas presidenciales en carrera o a una zona intermedia que puede llegar a ser de negociación abierta.
El primer subconjunto de bisagras corresponde a una izquierda no militante y a progresistas territoriales con mayor afinidad al programa de Jara. Ahí se ubican figuras reelectas como la ex RD Consuelo Veloso o el independiente en cupo PPD Jaime Araya, además de primerizos como Gustavo Gatica que coinciden en impuestos más progresivos, ampliación de derechos sociales, fortalecimiento de la seguridad social y regulaciones ambientales más estrictas. No se trata de ortodoxos ideológicos, pero sí de parlamentarios para quienes el costo político de avalar una agenda fiscal o laboral regresiva sería muy alto frente a su electorado, por lo que la cercanía a la izquierda es más nitida.
Un segundo subconjunto, el más numeroso y decisivo, está compuesto por el “centro híbrido”: regionalistas, representantes antiélite y moderados pragmáticos. Aquí conviven una parte de los diputados del Partido de la Gente más un conjunto de independientes por pacto –como Carlos Carvajal, Paula Olmos o Alex Nahuelquín– cuyo driver principal es la agenda local: conectividad, salud oportuna, alivio a la deuda, permisos más ágiles, seguridad barrial y apoyo a la minería pequeña o a economías específicas. Su voto podría moverse hacia uno u otro gobierno según el diseño de cada proyecto y la capacidad del Ejecutivo de ofrecer resultados concretos más que grandes relatos.
El tercer subconjunto, más acotado pero coherente internamente, se alinea con la oferta de Kast: derecha no militante y un segmento del PDG con impronta económico-liberal. Nombres como Javier Olivares, Juan Valenzuela o Zandra Parisi comparten tres vectores centrales: rebaja de impuestos, reducción del tamaño del Estado y una narrativa persistente contra la “grasa burocrática”. Para un eventual gobierno de Kast, representan el primer círculo de aliados naturales para una agenda de consolidación fiscal más dura, contención de nuevas regulaciones y reformas previsionales centradas en la capitalización individual. Para Jara, en cambio, son un límite estructural para profundizar el Estado social sin un diseño fiscal cuidadoso.
La conclusión es desafiante para ambos comandos: el próximo gobierno no tendrá una mayoría en la Cámara Baja. La gobernabilidad se jugará en la capacidad de construir, desde el día uno, una relación inteligente con una suficiente cantidad de estas 31 bisagras, entendiendo sus mapas territoriales, sus líneas rojas fiscales y sus incentivos comunicacionales. Quien llegue a La Moneda y subestime ese factor no solo verá ralentizada su agenda; también dejará espacio a que otros llenen el vacío.
Ian Mackinnon es socio y director de Asuntos Públicos de Azerta
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
