Columna de Constanza Lizana: Cuando el lenguaje es reconocimiento y dignidad

Las palabras no son neutras. El lenguaje que utilizamos diariamente no solo comunica ideas; también expresa formas de relacionarnos y de construir comunidad. Por ello, las discusiones en torno al lenguaje inclusivo trascienden el ámbito gramatical y se sitúan en el terreno de los derechos humanos, la convivencia y el respeto por la diversidad.

La reciente aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de una resolución que solicita dejar sin efecto el uso del lenguaje inclusivo en el servicio público ha abierto un debate necesario sobre cómo entendemos la inclusión y qué mensajes transmitimos a quienes históricamente han debido luchar por espacios de visibilidad. Más allá de los alcances normativos de esta iniciativa, la discusión que se instala interpela la manera en que concebimos la dignidad de todas, todos y todes y el lugar que otorgamos a quienes integran nuestra sociedad.

Esta discusión, sin embargo, no es nueva. Desde hace varias décadas, diversas corrientes académicas y movimientos sociales han advertido que el uso del masculino genérico ha contribuido a la invisibilización simbólica de las mujeres en los espacios públicos, políticos y profesionales. Expresiones como “los ciudadanos”, “los científicos” o “los estudiantes” han tendido históricamente a presentar lo masculino como la medida universal de la experiencia humana, relegando a las mujeres a una presencia secundaria o implícita. En este sentido, promover formas de comunicación más inclusivas implica cuestionar estas prácticas y avanzar hacia un lenguaje que haga visible la participación y los aportes de las mujeres en la construcción de nuestra sociedad.

Asimismo, para personas de la comunidad LGBTIQA+, y particularmente para quienes poseen identidades de género que no se ajustan al binarismo tradicional, el modo en que son nombradas tiene una dimensión profundamente humana. Ser tratadas de acuerdo con la propia identidad, utilizando los pronombres que las reflejan, y encontrar espacios donde su existencia es valorada constituye un acto de dignidad y respeto. No se trata de imponer formas de hablar ni de establecer obligaciones sobre la manera en que cada quien se expresa. El desafío tampoco consiste en prohibir aquellas formas mediante las cuales las personas expresan respeto hacia quienes las rodean, sino en comprender que el lenguaje también puede convertirse en una herramienta de inclusión o exclusión. En definitiva, las formas de comunicación también constituyen una forma de respeto y de visibilización, especialmente en los espacios institucionales, donde el Estado tiene el deber de resguardar la dignidad de quienes forman parte de ellos.

En este contexto, diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad de O’Higgins, han asumido el desafío de promover espacios cada vez más inclusivos y respetuosos de las diversidades. Ello implica comprender que la comunicación institucional también tiene un impacto en la forma en que quienes integran nuestras comunidades se sienten parte de ellas, especialmente quienes históricamente han experimentado exclusión o discriminación.

En nuestra casa de estudios este compromiso se expresa, entre otras acciones, en el uso del nombre social y en la promoción de la campaña “Los pronombres importan” de acuerdo con la identidad de cada integrante de la comunidad universitaria, incluyendo, por ejemplo, el pronombre «le» o «elle» cuando así es requerido. Del mismo modo, nuestras recomendaciones sobre lenguaje inclusivo y no sexista ofrecen herramientas para comunicarnos de manera más representativa y acorde con la diversidad que caracteriza a la Universidad de O’Higgins.

La libertad de expresión también implica la posibilidad de que cada persona pueda ser llamada de la manera que desea. Una sociedad democrática se fortalece cuando amplía los espacios de participación e inclusión, y cuando comprende que el respeto por la pluralidad de expresiones e identidades contribuye a una convivencia más respetuosa.

Las universidades, en particular las públicas y regionales, tenemos la responsabilidad de contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de dialogar desde las diferencias, valorar la dignidad humana y comprender que la inclusión no es una amenaza para la convivencia, sino una condición indispensable para ella.

El lenguaje evoluciona junto con la sociedad, y cada vez que somos capaces de incorporar nuevas formas de nombrar y representar a quienes históricamente han permanecido al margen, damos un paso más hacia una comunidad más justa, más respetuosa y, sobre todo, más humana.

Porque visibilizar y reconocer a las mujeres y a las diversidades sexo-genéricas no empobrece el lenguaje; enriquece nuestra capacidad de convivir respetando las diferencias y fortalece un principio democrático fundamental: el respeto por la dignidad de todas las personas.

Por Constanza Lizana Tomasevich.

Directora (S) de Equidad de Género y Diversidades.

Universidad de O’Higgins.