Columna de Rodrigo Ramírez: Cuando la infraestructura digital ordena el territorio

Durante más de un siglo planificamos el desarrollo de nuestras ciudades pensando en el agua potable, la electricidad, las carreteras, el alcantarillado, los puertos y el transporte. Esa forma de ordenar el espacio permitió construir las ciudades que hoy conocemos y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Fue la arquitectura territorial de la economía industrial.

Pero el siglo XXI nos enfrenta a un desafío completamente distinto. Hoy el desarrollo de un territorio depende también de una infraestructura que casi nunca aparece en los instrumentos de planificación, pero que determina buena parte de las oportunidades económicas, sociales y culturales de una comunidad, se trata de la infraestructura digital.

Hasta ahora la infraestructura digital ha sido entendida como una política sectorial. Hemos discutido sobre cobertura, acceso, velocidad de Internet, despliegue de fibra óptica, instalación de antenas, espectro radioeléctrico o conectividad rural. Todas esas discusiones han sido necesarias y que muchas están inconclusas. Sin embargo, hoy resultan insuficientes. La revolución digital ya no consiste únicamente en conectar personas, implica diseñar territorios capaces de sostener una nueva forma de habitar, producir, educar, cuidar, emprender y convivir.

Ese es el verdadero cambio conceptual y de política pública que tenemos por delante. La infraestructura digital debe dejar de entenderse como una política enfocada en un sector para convertirse en un criterio articulador del ordenamiento territorial y del diseño de ciudad. Ya no estamos discutiendo simplemente más o menos fibra óptica, más antenas, más torres o más estaciones base, estamos definiendo cómo se diseña el territorio y se usa el suelo de Chile para sostener la economía, la sociedad, la cultura, la seguridad y la convivencia del siglo XXI.

La infraestructura digital constituye una nueva capa estructural del territorio, tan relevante como la infraestructura vial, energética o sanitaria. Sobre ella descansan la educación a distancia, la telemedicina, la seguridad pública, la gestión de emergencias, la inteligencia artificial, la economía digital, la competitividad regional y, en gran medida, la calidad de vida de las personas. Así como durante el siglo pasado el acceso al agua potable transformó la salud pública y la electricidad impulsó la productividad, la infraestructura digital está definiendo las nuevas oportunidades de desarrollo.

Ese cambio ya comenzó a manifestarse en el lugar más cotidiano de todos, la vivienda. Durante siglos una vivienda fue un espacio arquitectónico construido para proteger a las personas del clima. Con el tiempo incorporó agua potable, electricidad, alcantarillado, gas y acceso a redes de transporte. Cada nueva infraestructura amplió las oportunidades de quienes habitaban ese hogar. Pero todas compartían una característica, la vivienda siempre fue un consumidor de infraestructura.

Hoy esa lógica comienza a invertirse. La vivienda no solo consumirá servicios. También producirá valor público para la ciudad. Generará información para optimizar el consumo energético, detectará fugas de agua antes de que produzcan daños, coordinará la carga de vehículos eléctricos, alertará emergencias, facilitará el cuidado de personas mayores, contribuirá a prevenir delitos y permitirá gestionar de mejor manera la movilidad, la salud y los recursos públicos. Durante siglos la vivienda consumió infraestructura. Por primera vez comienza también a producirla.

Si cambia la naturaleza de la vivienda, también debe cambiar la forma en que planificamos nuestras ciudades y nuestros territorios. Durante décadas pensamos que la infraestructura digital debía adaptarse al territorio. Hoy debemos comenzar a diseñar el territorio considerando la infraestructura digital desde su origen. El desafío no es solo conectar el territorio, el reto es diseñar un territorio conectado desde su concepción.

Y precisamente ahí aparece una oportunidad histórica para Chile. Los Gobiernos Regionales están elaborando los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), probablemente el instrumento de planificación más importante para definir el desarrollo regional de las próximas décadas. Hasta ahora estos planes han considerado variables como la expansión urbana, la protección ambiental, la infraestructura vial, la disponibilidad hídrica o el desarrollo productivo. Sin embargo, el nuevo contexto tecnológico exige incorporar una dimensión adicional, la infraestructura digital como una capa estructural del territorio. El territorio deja de entenderse únicamente como un espacio físico para convertirse en un ecosistema conectado, donde la infraestructura digital fortalece la cohesión territorial y amplía las capacidades de desarrollo de cada región.

No se trata simplemente de agregar un capítulo sobre telecomunicaciones. Se trata de reconocer que la infraestructura digital condicionará la localización de nuevas inversiones, la competitividad regional, la prestación de servicios públicos, la seguridad, la resiliencia frente a desastres, la educación, la salud y la calidad de vida de las personas. Del mismo modo en que ningún PROT podría prescindir de la planificación del agua o de la energía, tampoco debería hacerlo respecto de la infraestructura digital.

Quizás ese sea el verdadero desafío de nuestra generación. Comprender que el siglo XXI no solo exige un nuevo ordenamiento territorial. Exige, por primera vez, un ordenamiento territorial digital. Y esa puede ser la gran oportunidad que hoy tienen los Gobiernos Regionales, dejar de entender la infraestructura digital como un servicio de soporte para convertirla en un criterio articulador de la planificación territorial y en uno de los pilares sobre los cuales construiremos el desarrollo económico, la cohesión social y la calidad de vida de Chile durante las próximas décadas.