Asumier la representación para las más de 320 denuncias que han recibido hasta ahora por el caso Nido.org, armar la campaña para relevar el caso de Francisca Díaz -la joven que había sido condenada por denunciar a un abogado por abuso sexual- y lograr que la Corte de Apelaciones ordene a la Pontificia Universidad Católica reabrir un sumario al sacerdote Rodrigo Polanco por acoso contra una estudiante son sólo algunos de sus hitos en menos de un año desde su creación.
La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) nació en medio del espíritu del mayo feminista que sacudió al país en 2018 con marchas, tomas de universidades y distintas manifestaciones que buscaban poner en primera línea las desigualdades de género propias de nuestra cultura, y que están presentes en los más diversos ámbitos como la crianza, educación, trabajo, las instituciones, las relaciones de pareja y todo tipo de vínculo que sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad.
Bárbara Sepúlveda (33), directora ejecutiva de la asociación, se reunió junto a un grupo de colegas e hicieron la convocatoria para abogadas y egresadas de Derecho: en una semana se juntaron 50 en un teatro y a la semana ya sumaban 100 inscritas. Hoy son más de 650 las profesionales asociadas en todo Chile, quienes trabajan para que su disciplina también pueda convertirse en una herramienta de transformación social.
“Comenzamos a debatir sobre la falta de una instancia en nuestro gremio que fuera estable y representativa en la cual pudiéramos aportar al movimiento. Dada la magnitud de las movilizaciones no podíamos quedarnos en lo local, teníamos que organizarnos más allá de las fronteras de la academia y a nivel nacional. Abofem resultó ser para muchas abogadas el espacio donde queríamos estar y que hasta entonces no existía“, explica Sepúlveda, quien anteriormente había ejercido como directora ejecutiva en el Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC).
“El derecho es un espacio de poder que debe ponerse al servicio de la emancipación de las mujeres y de la igualdad de derechos de quienes no tienen acceso a ese espacio. Por eso pensamos que es necesario integrar un enfoque feminista en el derecho, tanto en su generación, a través de los procesos legislativos, su enseñanza, así como en su aplicación en las políticas públicas y en tribunales”, agrega Carmina Vásquez, directora de la comisión LGTBIQ+.
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“Queremos la transformación completa del sistema”
Los meses de vida de Abofem han sido intensos: hacen informes con análisis de políticas públicas y seguimiento de proyectos legislativos en materias de género, prestan asesorías jurídicas feministas gratuitas, organizan charlas y encuentros, asumen la representación judicial de mujeres e incluso interpusieron un recurso de protección contra el reglamento de objeción de conciencia en la ley de aborto.
Trabajan en distintos frentes por lo que están organizadas en diferentes comisiones: Derechos Humanos, LGTBIQ+, Derecho Público y Derechos Sexuales y Reproductivos.
“El derecho tiene sesgos heteropatriarcales desde su origen hasta su aplicación. Y no sólo sesgos en función del género, sino respecto de otras condiciones que generan discriminación hacia ciertos colectivos o grupos. Las normas son elaboradas desde una perspectiva androcéntrica, por lo que consideran las problemáticas sociales desde la perspectiva de los hombres y, por lo tanto, regulan las relaciones sociales desde ese prisma. Ello supone que las reglas del juego social ya están inclinadas, en desmedro de las mujeres y la diversidad sexual”, afirma Verónica del Pozo, directora de la comisión de Educación y Autoformación.
“Precisamente porque el derecho no es objetivo, neutral, ni racional, es que nuestro compromiso es con aquellas que sufren en carne propia las falencias, las discriminaciones y las desigualdades del sistema. Queremos darles la mejor defensa a las mujeres vulneradas en sus derechos, queremos permear el sistema judicial con la perspectiva de género, queremos mostrar que el sistema es injusto y dar las batallas necesarias hasta su transformación completa“, completa Carmina.
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“Los jueces reproducen el machismo imperante”
Pese a que durante los últimos años han habido avances, el derecho todavía sigue siendo un espacio predominantemente masculino. Un estudio realizado por el Observatorio Judicial y Libertad y Desarrollo mostró que el promedio de juezas en Chile sólo llega al 29,39%, es decir, menos de un tercio del Poder Judicial, e incluso en las cortes de Apelaciones de Chillán y Rancagua no hay ninguna mujer.
Pero hay más: el acoso sexual no está tipificado como delito en Chile y la legislación sólo reconoce el acoso en el ámbito laboral. De acuerdo a las cifras de Abofem, sólo el 10% de las denuncias por acoso sexual laboral termina en despido, mientras que sólo el 6% de las personas despedidas son hombres, lo que demuestra que el escenario es aún hostil.
“Jueces, juezas y otros operadores del sistema de justicia reproducen el machismo y androcentrismo imperante en la sociedad. En este sentido, el caso de Francisca Díaz puede ser ejemplificador: Una mujer que denuncia violación y es cuestionada, humillada y revictimizada por quienes debían brindarle protección en su calidad de víctima. Y además, al no poder probar el delito contra el imputado, es condenada por denuncia calumniosa, mostrando un criterio jurídico muy alejado de la perspectiva feminista, reforzando el temor de las víctimas de violencia sexual a denunciar”, señala Fernanda Ramos, directora de Comunicaciones.
Por lo mismo, la abogada destaca la creación de espacios feministas en las diversas disciplinas, debido a que “el que mujeres estén preocupadas de la necesidades de otras mujeres nos hace fortalecer nuestras redes, apoyarnos y acompañarnos en nuestras diversas demandas, algo que es muy importante por la unidad y la fuerza que requieren las transformaciones a las que aspiramos”.
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