Son más de 3 mil los alegatos en contra del Estado Bolivariano.
Ante el Comité de Tortura de Naciones Unidas, tuvo que comparecer el Gobierno de Venezuela, por las denuncias en contra de éste, a razón de las supuestas torturas y violaciones a derechos humanos perpetrados por los organismos policiales de ese país, contra los 3 mil detenidos en las protestas del pasado febrero.
Por parte de los demandados, el jefe de la delegación venezolana y viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, Vicente Rangel Avalos, defendió el actuar del cuerpo de policía “bolivariano”. “En nuestro país contamos con un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos”, declaró Rangel.
Entre tanto, desde el organismo cuestionaron el actuar de las autoridades de dicha nación, y a través Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela, objetaron la defensa del país pues según el documento, cuando fueron detenidas estas 3 mil personas “se les privó de derechos básicos como acceso a abogado o teléfono, contacto con familiares, además de desnudarlas y degradarlas física y verbalmente“.
En esa misma linea, Modvig cuestionó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue promulgada hace menos de un año en el país, pues en sus principios dicha ley “prohíbe la tortura cuando la persona está bajo custodia de las autoridades”, pero no expone nada respecto de cuando el individuo no está oficialmente detenido, lo que a juicio del redactor, genera la pregunta de que en caso de no estar bajo custodia, ¿realmente se investigan?.
Cabe recordar que en la República Bolivariana de Venezuela, existen más de 5 mil denuncias de maltratos, torturas y violaciones a los derechos humanos, de las cuales 183 violaciones y 166 casos de malos tratos están oficialmente registrados, y tan sólo 12 funcionarios gubernamentales han sido procesados por estos.
Lo anterior, ha llevado a la ONU a cuestionar la eficacia del organismo encargado de velar por los derechos humanos en ese país, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, debido a lo que acusa la experta Felice Gaer, como falta de imparcialidad, debido a que no es un ente independiente del Gobierno y entre sus 13 miembros, 6 son representantes gubernamentales.
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