El gerente de Medio Ambiente Urbano Proyectos S.A. y académico de Postgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Jorge Andrés Cash, analizó en Última Mirada la situación que vive el rubro inmobiliario tras los cuestionamientos por los estragos que dejó el sistema frontal en el país y criticó duramente la institucionalidad ambiental del Estado.
¿Qué dijo?
“Nunca había visto una agenda desde el punto de vista ambiental legislativo regulatorio tan pusilánime en la posibilidad de generar transformaciones relevantes que permitan generar, al menos, la certidumbre que ciertos sectores requieren para contribuir a un momento muy complejo para el desarrollo del país“, dijo.
El exfiscal de Medio Ambiente apuntó a leyes como la 21.202, la Ley de Protección de Humedales Urbanos, promulgada en enero de 2020, que tiene como objetivo proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a petición del municipio respectivo.
“Es una de las leyes más nefastas que ha tenido la historia institucional ambiental, es expropiatoria y no tiene ningún tipo de compensación para aquellos titulares de proyecto o desarrolladores inmobiliarios que, producto de la declaración de un humedal urbano, sufren paralizaciones y pérdidas considerables”, expresó.
“El MMA está haciendo mal su trabajo”
Cash acusó que “en muchos casos”, los tribunales ambientales acaban echando estos requerimientos para atrás, dado que el MMA “los ha categorizado indebidamente como tal”.
“El Ministerio de Medioambiente está haciendo mal su trabajo, y eso significa que los tribunales ambientales se demoren 2 años en resolver finalmente la controversia”, aseveró.
“Esa ley, que ningún parlamentario en Chile ha tenido el coraje de levantar el dedo y hacer un punto de racionalidad por el nivel de afectación al mundo de las inmobiliarias, que hoy se ven prácticamente indefensas frente a una legislación que no tiene ningún tipo de contrapeso“.
El directivo de Proyectos S.A. finalizó señalando que dicha legislación responde a una estrategia vinculada a la ley de cambio climático que pone la meta para lograr carbono neutral para 2050:
“Estamos ocupando una ley para cumplir un objetivo de política pública de otra ley, pero que tiene un impacto en el crecimiento del desarrollo del país, justamente en una industria que hoy está esforzándose por aprender, pero que se ve medida con la misma espada que las industrias mineras, me parece un desequilibrio”, cerró.
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