El Ejecutivo pidió suprimir normas que había promovido sobre humedales y derechos de agua. La ministra Jessica López asumió la responsabilidad y negó presiones ideológicas. Oposición habló de “ineptitud” y sectores oficialistas criticaron el diseño original.
Un inédito episodio tensionó este miércoles la relación entre el Gobierno y el Congreso, luego de que el Presidente Gabriel Boric enviara un veto al proyecto proinversión para suprimir artículos que el propio Ejecutivo había promovido durante la tramitación legislativa.
La decisión generó duras críticas desde la oposición y también cuestionamientos en sectores del oficialismo.
La controversia se centró en dos puntos del proyecto de ley que busca simplificar regulaciones para fomentar la actividad económica.
Uno de ellos era la flexibilización de la alteración de humedales en sitios prioritarios. El otro, la nueva explotación de derechos de agua. Ambos puntos fueron vetados por el Ejecutivo, lo que provocó reacciones cruzadas en la Cámara de Diputados.
La modificación sobre humedales fue rechazada por 65 votos contra 55, pero al no alcanzar el quórum de 2/3 necesario, el artículo quedó finalmente eliminado, tal como proponía el Gobierno.
En tanto, la flexibilización sobre aguas fue aprobada por mayoría simple, pero también fue excluida del texto final por no lograr el quórum requerido para su reposición.
El punto más polémico fue que ambas normas habían sido impulsadas originalmente por el propio Ejecutivo. .
La encargada de enfrentar la tensión fue la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien asumió públicamente la responsabilidad del error legislativo. “Estoy dando la cara. La responsable de los redactados y de los articulados es esta ministra”, dijo ante la Cámara.
López descartó presiones desde grupos ecologistas radicales, acusando un uso político de la controversia. “Niego absolutamente que exista un ambientalismo radical. Esa es una forma de aprovechar esta lamentable situación para lanzar epítetos”, respondió ante las críticas.
Además, aseguró que el objetivo del veto es revisar con más detalle los artículos técnicos en comisiones especializadas y entregar certezas regulatorias. “Vamos a seguir hasta el último día del gobierno. Aquí no hay pato cojo”, aseguró, en alusión a la idea de un Ejecutivo debilitado en el último tramo de su mandato.
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