La Federación Nacional de Trabajadores Municipales cuestionó duramente el despido masivo de funcionarios en distintos municipios tras el informe de la Contraloría sobre uso irregular de licencias médicas. Aseguran que se están vulnerando principios básicos del Estado de Derecho, como el derecho a defensa y la presunción de inocencia.
La Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) criticó duramente el actuar de diversos municipios tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían utilizado licencias médicas de forma irregular para viajar fuera del país. Una de las respuestas más inmediatas fue la del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien ordenó el despido de 126 trabajadores, generando una ola de repercusiones a nivel nacional.
En ese contexto, la federación cuestionó lo que calificó como un procedimiento apresurado y carente de garantías mínimas, y acusó a algunas autoridades municipales de vulnerar principios fundamentales del Estado de Derecho.
“El principio de imparcialidad, autonomía y objetividad para investigar se ha quebrado. Los alcaldes están instalando opiniones tendenciosas y ordenando la destitución inmediata de trabajadores sin que estos tengan derecho a defensa”, sostuvo Fabián Caballero, presidente nacional de Fentramuch.
Desde la organización gremial subrayaron que si bien es necesario investigar cualquier irregularidad con rigurosidad, estas acciones deben respetar el marco legal vigente y no derivar en despidos arbitrarios. En esa línea, Caballero advirtió que “los alcaldes no están facultados para sancionar directamente a los trabajadores por incumplimiento de reposo médico”, y que en caso de haber sospechas fundadas, deben remitir los antecedentes a los organismos de salud competentes.
“El uso del reposo médico responde a un derecho esencial, no a un privilegio del cargo. El supuesto fraude al fisco no se configura si el trabajador no ha actuado en razón de su función pública. Lo que está ocurriendo es una interpretación errónea del marco legal, con consecuencias graves para cientos de funcionarios”, añadió.
La federación hizo un llamado a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y advirtió sobre el riesgo de instalar mecanismos “exprés” de persecución laboral que omitan el debido proceso.
“Nos alarma que incluso los autores de los crímenes más graves, como los de lesa humanidad, hayan tenido acceso a la justicia, mientras a los trabajadores se les niega el derecho a la presunción de inocencia y al legítimo derecho a defenderse”, enfatizó el dirigente, acusando un preocupante retroceso en las garantías constitucionales.
Finalmente, Fentramuch reiteró su disposición a colaborar con los organismos fiscalizadores para esclarecer cualquier hecho irregular, pero insistió en que toda investigación debe realizarse bajo procedimientos administrativos objetivos y con pleno respeto a los derechos laborales.
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