La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al informe de la Contraloría, que reportó irregularidades en su administración en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados, en el marco del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reportó irregularidades en la administración de la jefa comunal de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados entre febrero de 2024 y abril de 2025, en el marco del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso.
En detalle, la Contraloría señaló que algunos productos no fueron entregados en su totalidad a los afectados, además de la falta de foliación correlativa y errores en las actas de entrega de beneficios. Asimismo, se registraron entregas a personas sin Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) y a funcionarios municipales sin respaldo suficiente, entre otras observaciones.
“Se encontraron errores en los registros de beneficiarios, como RUT mal digitados, uso de RUT genéricos, omisión de fechas, diferencias en los números de las FIBE y en la cantidad de integrantes del grupo familiar”, consigno el ente contralor.
Ante este informe, la alcaldesa Ripamonti salió en defensa de su gestión: “Es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en Viña del Mar, aquí hubo más de 5.000 viviendas afectadas, más de 6.000 familias damnificadas por el incendio, se quemó cerca del 30% total de la comuna“, afirmó.
“Existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional, exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible, vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían”, agregó.
Respecto de la ayuda a las personas sin documentación y sin FIBE, Ripamonti subrayó: “La gente no tenía nada, no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran una cédula de identidad”.
“La institucionalidad en torno a los incendios tiene que seguir cambiando; el mundo privado llega primero y la credibilidad del Estado se pierde”, enfatizó.
El organismo detalló las irregularidades detectadas en la gestión de la alcaldesa de Viña del Mar en los siguientes puntos:
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
