Los involucrados —Carlos Becerra y Álvaro Quezada— fueron suspendidos de manera preventiva, enfrentan cargos por falta grave a la probidad y arriesgan la destitución.
Este miércoles, se dio a conocer una investigación interna reveló un error en la asignación de días de vacaciones a funcionarios del Senado, generando un perjuicio económico millonario y dejando a dos altos cargos a un paso de la destitución.
Según un reportaje de Meganoticias, la polémica se remonta a una resolución firmada en enero de 2024 por el secretario general Raúl Guzmán, que permitía acumular feriados legales desde 2019.
Lo que parecía una medida administrativa rutinaria terminó por destapar una grave falla en el sistema interno SIGPER: a cientos de trabajadores se les asignaron más días de los que correspondían. Algunos incluso ya habían hecho uso de ellos.
El sumario interno, iniciado en junio del año pasado, apuntó directamente a Carlos Becerra, jefe del Departamento de Personas, y Álvaro Quezada, encargado de Remuneraciones.
Ambos fueron suspendidos de sus funciones de manera preventiva en julio de 2024, y a fines de enero se les formularon cargos por falta grave a la probidad.
A fines de mayo, la encargada de resolver el caso, Ximena Amigo, propuso la destitución de ambos funcionarios.
Además, se aplicó una multa del 5% del sueldo a un funcionario del área de personal señalado como responsable inicial del error.
Aunque el informe original hablaba de 81 empleados con feriados cargados en exceso, una auditoría interna posterior concluyó que el error afectó a 329 trabajadores, con un costo potencial de $1.252 millones para la institución.
La controversia se profundizó al saberse que varios de los beneficiados ya habían usado los días extra.
Esto provocó que, tras la corrección, quedaran con un saldo negativo en el sistema.
Tanto Becerra como Quezada han recurrido a la Comisión de Régimen Interior del Senado, donde acusan vicios en el proceso disciplinario.
En sus escritos, apuntan directamente al secretario Guzmán, denunciando hostigamiento, arbitrariedad y falta de imparcialidad por parte de la Unidad de Auditoría, que depende jerárquicamente de él.
De hecho, Becerra llevó el caso a la justicia: en abril interpuso una demanda de tutela laboral contra el Senado. La audiencia preparatoria de este caso fue fijada para el 31 de julio.
Quezada, por su parte, sostiene que los antecedentes en su contra fueron sacados de contexto y basados en testimonios que no lo involucran directamente.
También cuestiona la participación de algunos intervinientes, vinculándolos con casos pasados como el del exfiscal Javier Norero, lo que —según él— comprometería la objetividad del proceso.
El viernes pasado, la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (FEDACON), que agrupa a los sindicatos del Congreso, expresó su apoyo a los funcionarios investigados.
Siete de sus ocho asociaciones votaron a favor de respaldar a Becerra y Quezada, denunciando supuestas irregularidades en el sumario.
Carlos Becerra, abogado y funcionario del Senado desde 2006, actualmente lidera el Departamento de Personas y Desarrollo Organizacional, con un salario bruto superior a los $12 millones.
Está a cargo de varias áreas clave, incluyendo Salud, Remuneraciones y Asistencialidad.
Su subordinado, Álvaro Quezada, ingeniero civil industrial y trabajador del Senado desde 1991, gana cerca de $8,8 millones y dirige la Unidad de Remuneraciones.
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