Registro de Vándalos genera reparos en el oficialismo por el eventual alcance de sus sanciones en beneficios sociales

El proyecto que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, anunciado por el presidente José Antonio Kast, abrió diferencias dentro del oficialismo respecto al alcance que deberían tener sus sanciones.

Si bien en el sector valoran la idea de establecer consecuencias para quienes cometan hechos graves de violencia, también surgieron advertencias sobre la necesidad de evitar castigos permanentes, distinguir la gravedad de las conductas y resguardar derechos durante la tramitación legislativa.

La tensión no apunta necesariamente al fondo de la propuesta, sino a su diseño: qué actos serán incorporados al registro, cuánto tiempo permanecerán allí las personas sancionadas y qué beneficios podrían perder.

Vial respalda la idea, pero advierte contra sanciones perpetuas

Uno de los reparos fue planteado por el senador independiente cercano al Partido Republicano, Cristián Vial, quien abordó el tema en CNN Chile Radio.

El parlamentario respaldó la creación del registro y sostuvo que la medida “le hace sentido a la ciudadanía”, aunque llamó a cuidar que una falta no derive en una consecuencia permanente.

“Una incivilidad no puede desembocar en una sanción perpetua”, advirtió.

Vial planteó que el proyecto deberá perfeccionarse durante su discusión en el Congreso, especialmente para establecer límites claros y asegurar que las sanciones sean proporcionales al tipo de conducta cometida.

Alessandri pide graduar las conductas

En una línea similar, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), llamó a revisar con cuidado el diseño del registro.

En conversación con Radio Duna, el diputado sostuvo que la iniciativa debe distinguir entre hechos de distinta gravedad.

“No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego. Entonces, cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación”, afirmó.

Alessandri también advirtió que el proyecto debe evitar consecuencias desproporcionadas, especialmente si la inscripción en el registro termina por afectar beneficios educacionales o derechos sociales en el largo plazo.

“Hay que verlo con mucho cuidado para que no sea el remedio peor que la enfermedad”, señaló.

Gobierno defiende que la pérdida de beneficios “no es para siempre”

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió el diseño de la iniciativa y explicó que la pérdida de beneficios sociales estaría vinculada directamente al tiempo que una persona permanezca inscrita en el registro.

En conversación con Radio Infinita, la autoridad afirmó que el proyecto busca que ciertas conductas con bajas penas o sanciones no queden sin consecuencias.

“La pérdida de beneficios sociales va en directa relación con la permanencia o no en el registro. Eso es lo que lo hace proporcional”, sostuvo.

Pavez detalló que, en el caso de delitos asociados al componente de vandalismo, la permanencia en el registro sería de cinco años. Una vez cumplido ese plazo, la persona podría recuperar los beneficios sociales suspendidos.

“No es que uno pierda el derecho para siempre. Es mientras esté en el registro”, recalcó.

Respecto de las incivilidades, el subsecretario señaló que existiría una gradualidad inicial de un año, con aumentos en caso de reincidencia, hasta llegar a tres años.

Preocupación por educación superior, subsidios y PGU

Uno de los puntos que más inquietud generó en Alessandri fue la posibilidad de que jóvenes inscritos en el registro queden privados de beneficios para acceder a la educación superior.

Según dijo, una mala regulación podría dejar a un joven “en un loop de violencia” y dificultar su reinserción.

También planteó eventuales dudas constitucionales si la medida afecta derechos sociales en la adultez, como la Pensión Garantizada Universal (PGU), por hechos cometidos en la juventud.

El propio Pavez explicó que beneficios como subsidios de arriendo o la PGU podrían verse suspendidos para personas inscritas en el registro, pero insistió en que esa pérdida operaría solo durante el tiempo de permanencia en la nómina.

De todos modos, Alessandri defendió que actos graves puedan tener consecuencias en el acceso a beneficios financiados por el Estado, siempre que existan grados y eventuales mecanismos para recuperar esos beneficios tras cumplir sanciones o acreditar buena conducta.

Debate por el alcance de las sanciones

El proyecto deberá ser discutido en el Congreso, donde se espera que uno de los principales debates esté en la proporcionalidad de las sanciones, la graduación de las conductas y los eventuales efectos sobre derechos sociales.

Pavez llamó a la calma frente a las críticas y recordó que la iniciativa aún debe pasar por su discusión legislativa, instancia en la que podrían realizarse ajustes.

“Ningún artículo sale como entra”, señaló la autoridad, al abordar el trámite que tendrá la propuesta en el Parlamento.

Con esos antecedentes, el Registro de Vándalos se instala como una de las primeras medidas de seguridad del Gobierno que, pese a contar con respaldo dentro del oficialismo, también abre dudas internas sobre su proporcionalidad, duración y alcance.