La defensa de Ángela Vivanco, encabezada por Jorge Valladares, solicitó la nulidad de la formalización de la exministra de la Corte Suprema, argumentando que se requería una nueva querella de capítulos.
Durante este martes, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue reformalizada por los presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos en el marco de la investigación denominada “Muñeca Bielorrusa”.
En la audiencia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público decidió ampliar las imputaciones en la causa vinculada a los litigios entre Belaz Movitec y Codelco, con el objetivo de incorporar nuevos antecedentes. Estos hechos, según consignó T13, se remontan al 7, 8 y 27 de febrero de 2024.
De acuerdo con la investigación, en dichas fechas Vivanco habría votado a favor de la empresa bielorrusa, sin informar su cercanía con otros juristas imputados en la causa.
La solicitud de reformalización fue presentada mediante un escrito por la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien pidió incorporar nuevos antecedentes surgidos durante la indagatoria.
El citado medio detalló que, tras las resoluciones favorables del 7 y 8 de febrero, el conservador de bienes raíces, Harold Pizarro, recibió pagos por 20 mil dólares provenientes del bufete de abogados involucrado. De ese monto, la mitad habría sido transferida a la cuenta de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco.
Posteriormente, el 27 de febrero, tras otra resolución favorable a la empresa, Migueles habría recibido un segundo pago por los 10 mil dólares restantes.
Con estos antecedentes, se estima que existirían cerca de $20 millones adicionales vinculados al caso, montos que no habían sido informados previamente.
“Hoy comunicamos que habrían existido pagos que se efectuaron por medio de la pareja de la entonces ministra Vivanco, en un monto cercano a los 20 millones de pesos, con el objetivo de obtener votos favorables para que este recurso de queja tuviera la tramitación que tuvo en la Corte Suprema”, explicó Andreas Kusch, de la Fiscalía de Los Lagos.
De esta forma, el monto total investigado ascendería a cerca de $90 millones y, considerando antecedentes previos, se estiman alrededor de $110 millones asociados a los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Por su parte, la defensa de Vivanco, encabezada por Jorge Valladares, solicitó la nulidad de la formalización, argumentando que los hechos corresponden a “núcleos fácticos distintos” y que, por tanto, requerían una nueva querella de capítulos. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición.
Tras la reformalización, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.
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