El caso desató una ofensiva institucional liderada por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, que ya trabajan en protocolos para evitar nuevos errores, reforzar el control de identidad de extranjeros y reactivar unidades clave dentro de Gendarmería.
La liberación errónea de Alberto Carlos Mejía, de 18 años, quien debía cumplir prisión preventiva en el penal Santiago 1 por su presunta participación en un homicidio por encargo de un empresario del Barrio Meiggs, ha generado una rápida reacción de las principales instituciones del sistema judicial y penitenciario del país.
El hecho, ocurrido el pasado 10 de julio, provocó una serie de medidas correctivas que están siendo implementadas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
Entre las primeras acciones, la Corte Suprema resolvió el 17 de julio avanzar en la creación de un protocolo único para la tramitación penal.
El objetivo es mejorar la coordinación entre organismos y garantizar que las órdenes judiciales se ejecuten sin margen de error.
Paralelamente, el fiscal nacional Ángel Valencia anunció que el Ministerio Público envió un oficio formal a Gendarmería solicitando un catastro actualizado de todas las personas extranjeras que actualmente se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios del país.
La medida busca identificar posibles errores en la individualización de reclusos, como ocurrió con Mejía, quien ingresó al sistema bajo una identidad falsa.
Desde el Ministerio de Justicia también se adoptaron decisiones. Según consignó La Tercera, se pidió a Gendarmería revisar sus procedimientos internos para prevenir fallas similares.
Esta labor ha sido liderada de forma reservada por el director nacional subrogante, Rubén Pérez, durante los últimos días.
Entre las medidas ya en marcha, se instruyó al Departamento de Inteligencia Penitenciaria reforzar los procesos de registro y perfilamiento de los nuevos internos en prisión preventiva.
Esto se enfocará especialmente en casos complejos o que involucren a ciudadanos extranjeros con situación migratoria irregular.
Además, se decidió reactivar la Unidad de Análisis Penitenciario, encargada de realizar un primer filtro sobre los imputados que ingresan al sistema carcelario tras su formalización.
Una de las principales debilidades detectadas es que Gendarmería solo recibe datos básicos de los imputados —como identidad y tipo de delito— al momento de su ingreso. Por eso, se busca fortalecer el proceso de enrolamiento y mejorar la clasificación interna de los reos, permitiendo un seguimiento más riguroso de su situación procesal.
Finalmente, el ministro de Justicia anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que se desarrollará el viernes 25 de julio, con el fin de evaluar ajustes estructurales y coordinar nuevas acciones interinstitucionales.
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