El presidente de la AMUCH y edil de La Reina, José Manuel Palacios, abordó en CNN Chile Radio las dificultades del Congreso para aprobar la Ley de Seguridad Municipal. El jefe comunal señaló que las "aprehensiones" ideológicas sobre el abuso de poder del Estado, ancladas principalmente en el sector, están hipotecando la seguridad de los vecinos y prolongando un trámite legislativo urgente.
El presidente de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, alzó la voz respecto a la demora en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal, actualmente en el Senado.
En conversación con CNN Chile Radio, el jefe comunal atribuyó la lentitud del proceso a una “poca sensibilidad” en el Congreso y a lo que calificó como un “complejo de la izquierda” para otorgar más atribuciones a los inspectores.
Palacios insistió en la urgencia de contar con un marco normativo que reconozca las acciones que los municipios ya realizan en terreno y que incorpore herramientas necesarias, como dispositivos de seguridad para el personal y el acceso a información relevante para la prevención del delito.
¿Qué frena la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso?
El alcalde Palacios fue enfático al señalar que, aunque el proyecto ha sido una demanda constante de los municipios, existen sectores políticos que manifiestan un temor excesivo a que el Estado abuse de sus facultades de seguridad.
“Hay algunos sectores que tienen muchas aprehensiones respecto a temas de seguridad, le tienen mucho miedo en el fondo a los abusos del Estado en materia de seguridad y eso lo hace que finalmente restrinjan muchas muchas atribuciones que debiesen tener los inspectores municipales”, sostuvo.
En esa línea, el presidente de la AMuCH respaldó los recientes dichos de la excandidata presidencial Carolina Tohá, quien identificó estas resistencias dentro del propio sector de centroizquierda.
“Cuando ese temor a que se cometan abusos significa que está hipotecando la seguridad de los vecinos, que son personas que están contribuyendo a la sociedad, no son delincuentes y finalmente ellos son los perjudicados, creo que ahí hay un error. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio, pero siempre un equilibrio que esté cargado para el lado de los buenos y no para el lado de los malos”, declaró.
El alcalde agregó que la ley debe asegurar una “ventaja comparativa” para la policía y los inspectores frente al delincuente, argumentando que la proporcionalidad mal entendida en los procedimientos puede poner en riesgo la vida de las víctimas y de los propios funcionarios.
Falta de visión de los candidatos y problemas de implementación
Palacios también criticó la falta de proactividad de las candidaturas presidenciales para generar propuestas desde la base territorial de los municipios, señalando que la AMuCH ha debido buscar acercamientos, en lugar de ser consultada activamente.
“Quiero decirlo, se ve poca energía en el acercamiento de los mismos candidatos a las asociaciones. Yo creo que en el fondo la lógica no debe ser nosotros ir a buscarlo a ellos, sino que de alguna manera apoyarse ellos en sus programas de gobierno en el trabajo que han hecho las distintas asociaciones”, enfatizó.
En el plano operativo, el edil de La Reina detalló los problemas que enfrentan los municipios en la implementación de normativas impulsadas desde el nivel central, como la modernización del sistema de licencias de conducir y la pronta entrada en vigencia de la Ley CATI (Centros Automatizados de Tratamiento de Infracciones).
Respecto a las licencias, Palacios alertó que el proceso de digitalización y la carga burocrática asociada a la nueva ley han provocado un colapso en las direcciones de Tránsito, disminuyendo a la mitad la velocidad de atención.
“El proceso de digitalización (…) es muy demoroso y finalmente los funcionarios que tenemos nosotros en las direcciones de tránsito son los mismos. Entonces, eso ya inmediatamente hace que el sistema baje a la mitad de su velocidad”, explicó. El alcalde sugirió que la falta de recursos y espacio físico, así como la no consideración de externalización de funciones como el psicotécnico, demuestran la deficiente planificación del Ministerio de Transporte.