Las medidas del "Plan de Reconstrucción Nacional" han generado división entre el oficialismo y oposición, así como también en el sector empresarial con gremios de trabajadores.
Este martes desde La Moneda pusieron urgencia legislativa a 20 proyectos que ya estaban siendo evaluados en el Congreso.
Desde el ejecutivo ordenaron darle discusión inmediata, es decir, la máxima prioridad a tres iniciativas, las cuales son tipificar como delito el ingreso irregular de migrantes a Chile, la creación a través de una iniciativa del subsistema de inteligencia económica y la reforma constitucional a gendarmería.
Al ser calificados los proyectos con la prioridad de discusión inmediata, los proyectos deben ser conocidos y despachados por la respectiva Cámara en el plazo de seis días.
Tras la reunión del Comité Político Ampliado, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que el gobierno le va a sacar trote a los parlamentarios para aprobar estas iniciativas relacionadas con seguridad, crimen organizado y migración, que son parte de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast.
“El presidente Kast prometió que su principal desafío y compromiso era con la seguridad, eso incluye migración, delincuencia, terrorismo en la macrozona sur, crimen organizado, narcotráfico. Que él hoy día haya tomado la decisión de presentar 20 proyectos de ley con diversas urgencias, me parece la señal correcta, porque esto es justamente lo que estaba esperando Chile“, afirmó.
“Algunos de los proyectos que vamos a discutir acá a partir de mañana, con discusión inmediata, está el traspaso de gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, esto va a permitir que vamos a retomar el control de las cárceles, que es parte también de lo que había sido comprometido durante la campaña”, agregó el timonel de la UDI.
Desde la oposición tildaron de “error” el envío de 20 proyectos en un solo paquete de medidas que son distintas. El diputado del PPD, Raúl Soto, sostuvo: “Es un error tratar de, en un paquete tan grande, incorporar medidas que son tan distintas. Creo que es una estrategia que busca confundir y marear a la opinión pública y al mundo político”.
De igual manera, el diputado aclaró que su postura no es en contra de las 20 medidas: “No hay que perderse en irse en contra del paquete completo, hay que diferenciar medida por medida, analizarlas en su mérito y nosotros, en aquellas cosas que sean buenas para el país, vamos a estar disponibles y en aquellas cosas que sean retrocesos para la gente, vamos a ser, sin duda alguna, firmes opositores”.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, calificó de “retroceso” algunas de las propuestas enviadas desde La Moneda y llamó al expresidente Gabriel Boric a ser parte del debate: “Hay una agenda que avanzó en derechos sociales, y con las medidas que el nuevo gobierno ha presentado, viene a ser un retroceso o al menos a plantear inquietud, incertidumbre y en ese sentido lógicamente que esperamos que el expresidente Boric tenga un liderazgo“.
Asimismo, el diputado Patricio Briones (PDG), se mostró a favor del fortalecimiento de la frontera norte, pero argumentó que algunas medidas podrían mejorarse: “A mí me gustaría mucho que se considerara más el tema tecnológico que el práctico respecto a lo que es la supervigilancia (…) acá lo que se necesita es quizás sistemas más robustos de inteligencia y si en esto la economía es fundamental, creo que ahí va a haber un voto a favor”.
El ministro de la Segpres dijo que se están llevando a cabo conversaciones prelegislativas ante la presentación del “Plan de Reconstrucción Nacional” anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El plan contempla más de 40 medidas entre las que destacan la exención tributaria a la primera vivienda de los adultos mayores, limitación de la gratuidad en educación superior para mayores de 30 años, reducción de la tasa del impuesto a las empresas de un 27% a un 23% y la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas por un periodo de 12 meses.
Estas medidas han generado rechazo en la oposición, puesto que se estarían modificando derechos sociales, los cuales, el presidente Kast, señaló en campaña que no se verían afectados.
El proyecto de Sala Cuna generó tensión durante el cierre del mandato del expresidente Gabriel Boric, tras no ser aprobado ante un rechazo desde la bancada de la UDI por problemas de financiamiento, según señalaron en aquel entonces parlamentarios de la UDI.
Ante la relevancia que podría tener este proyecto para el país, la presidenta del Senado y senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, aseguró en Tolerancia Cero que hay un compromiso con el Ejecutivo para sacar el proyecto. En un principio se esperaba incluir la iniciativa en el fast track legislativo, pero de momento se discutirá como un solo proyecto.
“La noticia sería que se obtuvo el compromiso del gobierno de incluir dentro de este llamado Plan de Reconstrucción Nacional la Sala Cuna (…) El tema es de financiamiento, si el gobierno anterior trataba de empujarlo era porque había una pequeña, gran diferencia. Ellos decían que no requería financiamiento público y nosotros, bueno, lógicamente que no íbamos a sacar un proyecto que a toda luz se necesita financiamiento“, aseveró la presidenta del Senado.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se refirieron al “Plan de Reconstrucción Nacional”.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, aseguró ver con optimismo el plan propuesto por el presidente José Antonio Kast: “Hemos propuesto una rebaja de impuestos corporativos hace más de dos años en un escenario en que realmente hemos perdido competitividad tributaria respecto de otras economías con las que nos comparamos. Chile tiene hoy día una tasa corporativa muy por sobre el promedio de la OCDE, que son países que están en promedio más desarrollados que nosotros, por lo tanto, tienen atracción de inversión por sus propias condiciones”.
“La experiencia que nosotros hemos visto internacionalmente da cuenta de que la rebaja tributaria por sí sola quizás es insuficiente, pero sumada a otras condiciones habilitantes genera mayor crecimiento económico y con ello mayor recaudación fiscal“, agregó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, aseguró que se debe evaluar la exención al pago del IVA en las viviendas: “Dependerá de la estructura del proyecto y a qué tipo de viviendas afecta. El promedio tiene que ser bajo eso porque hay muchas viviendas hoy día que no pagan IVA, así que dependerá del rango de vivienda estemos hablando”.
A diferencia del mundo empresarial, desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fueron críticos ante una posible rebaja de impuestos a las empresas de un 27% a un 23%.
“El gobierno, que es un gobierno de todos los chilenos, lamentablemente con las últimas medidas ha demostrado que es un gobierno de los empresarios, un gobierno de los empleadores. Las medidas que han planteado son rebajas de impuestos, flexibilidad laboral, quitar derechos como las 40 horas. Eso es impresentable”, dijo David Acuña, vicepresidente de comunicaciones de la CUT.
“Hoy en la primera reunión que tiene el ministro del Trabajo se junta con los empresarios. Nosotros aún no tenemos fecha, ni siquiera nos han contactado. Creemos que esto no parte con un gobierno que es de todos los chilenos y chilenas”, agregó.
Asimismo, enfatizaron que el gobierno no debería estar bajando los impuestos a las empresas si pretende conseguir una mayor recaudación fiscal.
El exministro de Hacienda abordó el triunfo de José Antonio Kast, el estado de la centroderecha tradicional y advirtió las complejidades fiscales de cumplir con un recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses.
