La Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), informó este jueves que presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de prevaricación, fraude al fisco y falsificación de documento público.

Según detalló el municipio, de acuerdo a información entregada por el Contralor Municipal, se detectó que cinco desvinculaciones de funcionarias de la Dirección de Educación no fueron dispuestas a través de actos administrativos fundados, conforme lo exige la ley.

El término de la relación laboral de dichas funcionarias se notificó mediante cartas individuales, suscritas por Juan Francisco García, ex administrador municipal y quien suscribió las misivas en calidad de alcalde subrogante, que especificó que el monto a pagar por concepto de indemnización a las ex funcionarias ascendía en total a $72.619.305.

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Desde el municipio sostienen que en la decisión administrativa no se observó fundamento jurídico y que, al tratarse de personas que ostentaban cargos directivos de confianza del ex alcalde Felipe Alessandri (RN), procedieron a construir una causal de despido con el objetivo de habilitar pago de finiquitos de manera irregular.

“Estos hechos descritos representan un grave daño a la educación de nuestra comuna, principalmente porque dichos recursos provienen de subvenciones escolares destinadas a niños, niñas y jóvenes de nuestras escuelas y liceos públicos”, informaron.

“Considerando la gravedad de los hechos, reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, transparencia, y con una mejor gestión municipal. Seguiremos trabajando incansablemente por la recuperación de la educación pública de nuestra comuna”, añadieron.

Por su parte, Juan Francisco García expresó sus descargos a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que desde el municipio “fueron ellos quienes solicitaron las desvinculaciones”. Además, aseguró que “son contrataciones Código del Trabajo y los valores del finiquito estaban en conocimiento de la administración”. 

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