La afirmación generó cuestionamientos, ya que el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez mantiene la condición de procesado como presunto autor intelectual, sin una sentencia condenatoria en Chile.
En medio de una etapa decisiva del proceso de extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, una declaración de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abrió una nueva controversia política.
Durante una actividad conmemorativa por los 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la secretaria de Estado se refirió al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como una persona “condenada” por el crimen.
“Todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país (…). Vamos a avanzar en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato cumpla su condena como corresponde en nuestro país”, indicó la secretaria de Estado.
La afirmación generó cuestionamientos, ya que Apablaza mantiene la condición de procesado como presunto autor intelectual en Chile, sin una sentencia condenatoria.
El caso judicial, que se remonta al homicidio ocurrido el 1 de abril de 1991 a las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica, ha tenido un extenso desarrollo.
Tras salir del país, Apablaza residió en Cuba y luego se radicó en Argentina en 1994.
Años más tarde, en 2004, fue formalmente acusado por la justicia chilena, lo que dio paso a una orden de captura internacional y a la solicitud de extradición.
En la actualidad, el proceso en Argentina se encuentra avanzado.
Si bien la justicia de ese país ya aprobó su entrega, aún se requiere la firma del juez Ariel Lijo para concretar el procedimiento.
De materializarse, el traslado sería coordinado entre la PDI y la Policía Federal argentina, y el imputado quedaría a disposición de la ministra en visita Paola Plaza, quien lleva la causa.
Este episodio se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado Sedini desde su llegada al cargo, incluyendo polémicas en redes sociales y errores en vocerías previas.
Entre ellos, un debate generado por la polémica frase de “Estado en quiebra” utilizada en un comunicado oficial del gobierno y tensiones surgidas a comienzos de año en torno al nombramiento de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
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