La decisión judicial se enmarca en una investigación por presunto fraude al Fisco, tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La Corte de Apelaciones de Coyhaique resolvió este lunes desaforar al diputado independiente Miguel Ángel Calisto, quien actualmente integra la bancada parlamentaria conformada por Demócratas, Amarillos e Independientes.
La decisión judicial se enmarca en una investigación por presunto fraude al Fisco, tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la causa, el Ministerio Público acusa al legislador de haber desviado recursos públicos mediante el uso irregular de asignaciones parlamentarias.
En específico, se cuestiona la contratación de Carla Graf como asesora del congresista, ya que no existirían respaldos documentales que acrediten la realización efectiva de los servicios ni justificaciones para los pagos que recibió por honorarios mensuales crecientes.
Declaración de la Fiscalía Regional de Aysén en relación al desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco. pic.twitter.com/GAzjTXjLAt
— Fiscalía_Región_de_Aysén (@Fiscalia_Aysen) August 4, 2025
La defensa de Calisto, en tanto, alega que todos los informes de asesoría fueron entregados conforme a lo estipulado y auditados por la unidad correspondiente del Congreso.
El propio diputado criticó el criterio adoptado por la Corte, señalando que “llama profundamente la atención que no se haya considerado el informe del Consejo de Asignaciones”, entidad que —según él— respalda el trabajo de la asesora.
Tras conocerse el fallo, Calisto anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la medida.
“Estamos absolutamente tranquilos y convencidos respecto de nuestra defensa”, afirmó el legislador.
La resolución de desafuero no implica una condena, pero permite que el diputado pueda ser formalizado y eventualmente juzgado por la justicia ordinaria.
La defensa cuenta con un plazo de cinco días para apelar.
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