El Gobierno, a través de una declaración, se refirió a los dichos de Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria San Antonio, quien afirmó que “no existe ningún diálogo abierto” con el Ejecutivo y que han solicitado reuniones de lobby con los ministros Luis Cordero y Carlos Montes, las que, según señaló, habrían sido “rechazadas o no contestadas”.
Durante este viernes, el Gobierno emitió una declaración sobre la situación de la Toma de San Antonio, a propósito del fallo dictado por la Corte Suprema, que establece que el desalojo solo puede llevarse a cabo cumpliendo ciertos criterios.
Entre estos criterios se destaca que “el municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes —esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social— implemente de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento”.
Ante el fallo del máximo tribunal, el Ejecutivo enfatizó la importancia de considerar lo estipulado por la justicia, “la que reconoce que el desalojo de las personas no puede llevarse a cabo con auxilio de la fuerza pública sino hasta que se cumplan las condiciones humanitarias necesarias”.
En este contexto, detallaron que la Mesa de Coordinación Intersectorial Regional en materia de desalojos se encuentra operativa y que su labor se ha centrado en la búsqueda de un acuerdo.
“El objetivo es establecer y coordinar las condiciones del desalojo que fueron fijadas por la justicia. Se proyecta que la próxima sesión se desarrolle durante la próxima semana”, adelantaron.
Además, informaron que en los últimos meses se ha trabajado con más de 40 cooperativas federadas, que actualmente se encuentran ahorrando para concretar la compraventa del terreno.
“El Minvu ha continuado las tratativas, respaldadas por la Subsecretaría del Interior, con el objetivo de llegar a buen puerto”, reiteraron, y agregaron que “el trabajo colaborativo con la inmobiliaria San Antonio S.A. sigue firme”.
Respecto a las declaraciones de Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria San Antonio S.A., quien en Radio Biobío afirmó que “no existe ningún diálogo abierto con el Ministerio de Vivienda” y que han solicitado reuniones de lobby con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; así como con la Delegación Presidencial y el gobernador provincial, “todas las cuales han sido rechazadas o no contestadas”.
El Ejecutivo respondió: “Si bien el abogado de la empresa ha manifestado públicamente que no se les ha concedido reunión a través de la Ley de Lobby, en el caso del Ministerio y Subsecretaría del Interior estas solicitudes fueron recibidas recién durante esta jornada, viernes 3 de octubre, y en el caso de la Delegación Provincial Regional de Valparaíso, fue recibida el martes 30 de septiembre”.
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