Los jefes comunales de la zona sur del país expresaron su preocupación por el rechazo del Ejecutivo a incluir un mecanismo de financiamiento para la nueva normativa, advirtiendo que, sin fondos, se convertirá en una “ley muerta”.
La propuesta de Ley de Seguridad Municipal ha generado un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y los municipios del país.
Los alcaldes de Puerto Montt y Mulchén emplazaron al Ejecutivo, acusándolo de falta de compromiso al rechazar un mecanismo de financiamiento para la normativa, una medida que, según ellos, es vital para su correcta implementación.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, fue enfático en su llamado. “No puede ser una linda ley con buenas intenciones, pero que tenga muy malos resultados. Si esta ley no viene con financiamiento, va a ser una ley con una letra muy linda que la vamos a poder enmarcar, pero que no va a tener ningún tipo de beneficio para la comunidad”, sostuvo el jefe comunal.
Wainraihgt agregó que es imperativo que los funcionarios de seguridad municipal cuenten con más facultades y herramientas para cuidar su integridad y la de los vecinos, y que, para eso, el respaldo presupuestario es indispensable.
“Necesitamos más facultades y atribuciones en materia de seguridad. No puede ser que hoy en día nuestros funcionarios municipales de seguridad no porten ningún artículo que permita cuidar su integridad física”, señaló.
En la misma línea, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, lamentó la “postura tan ambigua” del Gobierno, a solo seis meses de que finalice el mandato del Presidente Gabriel Boric.
“Una ley sin financiamiento efectivo es, en realidad, letra muerta, pues no podrá cumplir con su propósito de entregar herramientas reales a los alcaldes para garantizar la seguridad en sus territorios”, advirtió Muñoz.
Los jefes comunales coincidieron en que la ley, a pesar de haber superado debates cruciales como el uso de armas no letales, se encuentra en un “escenario de incertidumbre y desaliento” debido a la falta de asignación de recursos por parte del Ejecutivo. Ambos alcaldes recalcaron que sin un mecanismo concreto de financiamiento, la ley no podrá responder a la urgente demanda de las comunidades en la prevención y combate del delito.
El debate sobre el Gobierno y la seguridad ciudadana sigue en escalada, con los municipios pidiendo más apoyo en la gestión de la seguridad pública y el Congreso a cargo de la discusión de la ley.
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