Javiera Blanco demanda al Consejo de Defensa del Estado: Pide millonaria indemnización por daño moral y económico

Javiera Blanco interpuso una demanda contra el Consejo de Defensa del Estado de Chile (DCE) por presiones indebidas para dejar su cargo como consejera, convirtiéndose en la primera ex consejera del CDE en demandar al órgano colegiado.

La ex ministra de Justicia y del Trabajo durante el segundo período de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien fue sobreseída en la investigación del Ministerio Público por presuntos desvíos de gastos reservados desde las arcas de Carabineros, pide ser indemnizada por daño moral y económico, según la demanda a la cual tuvo acceso La Tercera.

El cargo de consejera del CDE tiene una remuneración de $8 millones mensuales hasta los 75 años. Por lo mismo, según acusa, se le generó un daño económico y pide una compensación de $387.733.776 o lo que la justicia determine procedente conforme a derecho.

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Blanco señala que recibió presiones por parte de la entonces presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, para presentar su renuncia voluntaria al CDE.

La demanda, patrocinada por el abogado Andrés Astudillo, indica: “La entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado, desempeñó sus funciones sin ecuanimidad e impartió instrucciones particulares y subjetivas, dificultando o derechamente impidiendo la concurrencia de condiciones adecuadas para que mi representada cumpliera con sus funciones en el Consejo y, por ende, del servicio”.

La Tercera tuvo acceso a una carta que habría enviado Manaud a Blanco, en donde se señalaría: “Estimo altamente inconveniente tu permanencia en el CDE, por cuanto todas aquellas investigaciones guardan relación con supuestos delitos funcionarios. Yo considero, como por lo demás lo reconoció públicamente tu abogada Sra. Vial, que las investigaciones que te vinculan y en especial la amplia difusión que se hace de ello por los medios de comunicación, afectan y perjudican notoriamente al Consejo de Defensa del Estado, encargado de la persecución precisamente de los delitos de la clase de que se trata”.

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Por lo mismo, según la demanda, la ex ministra se vio obligada a presentar la renuncia al CDE.

El documento legal indica que “la exposición mediática de mi representada en dichos términos, por quien provocó el cese de su cargo, aún cuando cumplía con todos los requisitos legales para su ejercicio hasta los 75 años de edad contando con la idoneidad y experiencia para un correcto desempeño, le provocó un grave daño personal, la pérdida de un importante cargo público y la afectación a su honra e imagen, todo lo cual debe ser resarcido”.