La jueza Romy Rutherford, una figura que se hizo mediática por encabezar la investigación sobre fraude en el Ejército, más conocido como Milicogate, estaría en busca de formar parte de la Corte Suprema.
Rutherford, que durante las indagatorias del Milicogate procesó a 68 uniformados, entre los que destacan los comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022), habría cerrado su postulación al máximo tribunal esta semana.
La jueza habría postulado a la vacante que dejó el ministro Haroldo Brito, quien se retiró del organismo tras cumplir los 75 años, lo que abrió un proceso de selección para los magistrados que quieran ocupar el cargo, entre los que destacan las figuras de los ministros Omar Astudillo y Mireya López.
Rutherford habría entregado todos los documentos y antecedentes necesarios para hacerse con la vacante.
Por ahora, la Corte Suprema deberá analizar su postulación, citar una audiencia de exposición y nombrar una quina, en la que el Gobierno elegirá al próximo ministro que integrará el organismo.
Trayectoria de Rutherford en el caso de fraude en Ejército
Romy Rutherford asumió la causa que investiga los fraudes y desvío de dineros por Altos Mandos del Ejército, mejor conocida como Milicogate, en marzo de 2017.
En 2020 se visó su primera prórroga en el cargo, que le permitió ejercer como ministra en visita hasta 2022, cuando se pidió una segunda extensión que fue concedida solo por seis meses más.
Ante esto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le solicitó a la Corte Suprema mantener a Rutherford en el cargo.
Sin embargo, el máximo tribunal rechazó, con 11 votos contra 7, la extensión de su visita como ministra en la investigación y el 4 de septiembre de este año la jueza dejó el cargo en la causa, dando paso a un nuevo ministro en vista.
Cabe recordar que, en 2020, se publicó la “Ley Rutherford”, una modificación que permite que los ministros integrantes de las Cortes Marciales puedan extender su permanencia en el cargo a propósito de las investigaciones que se encuentren desarrollando.
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