Inmobiliaria pide al Gobierno no expropiar terreno de la megatoma de San Antonio y respetar fallo de la Corte Suprema

Por Constanza Zambrano

30.03.2026 / 16:26

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A través de un comunicado, la empresa solicita al gobierno que no se expropie sus terrenos y pide "que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y se restituya íntegramente el terreno desalojado".


A raíz de la decisión del Gobierno de detener la expropiación de Colonia Dignidad, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. solicitó al Estado desistir de la “expropiación parcial de su terreno”, en el que se encuentra la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

En 2025, la administración del expresidente Gabriel Boric expropió 100 hectáreas del terreno ocupado por la megatoma, con el objetivo de crear un proyecto habitacional en la zona. Sin embargo, esto se produjo pese a que la Corte Suprema aprobó el desalojo de los ocupantes del terreno de la inmobiliaria.

A través de un comunicado, la empresa solicitó al Gobierno desistir de la expropiación del terreno y respetar el fallo del máximo tribunal: “Se pide al nuevo gobierno que se desista de la expropiación para permitir que se avance al único objetivo que se ha tenido a lo largo de los años: que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y se restituya íntegramente el terreno desalojado”.

La petición de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.

Desde la inmobiliaria explicaron que “este proceso de expropiación, anunciado por el gobierno anterior, no fue conversado ni informado a la inmobiliaria. Tras el fallo de la Corte Suprema, que ordenó el desalojo del terreno, el Ministerio de Vivienda del gobierno anterior solicitó suspender por seis meses el desalojo e iniciar conversaciones para acordar una eventual compra del terreno por parte de los tomadores”.

La empresa sostiene que ha realizado “todo lo que ha estado a su alcance para recuperar la propiedad. Desde el primer momento de la usurpación se realizaron las denuncias, se escribieron cartas a las autoridades, se pagaron insertos de prensa y se han emprendido numerosas acciones judiciales, todo con un solo objetivo: hacer valer sus derechos”.

Según la constructora, la decisión de expropiar de la administración anterior se anunció “dos días antes de que se cumpliera el plazo para iniciar el desalojo”.