En algunas zonas del país, la agricultura funciona en base a pozos, lo que significa un verdadero trabajo a pulso. Las norias son máquinas extractoras de agua, las cuales extraen de manera ilegal el agua a otros agricultores. Los trabajadores aseguran que “nadie dice nada, y nadie les puede hacer nada” y es por esta razón, que existe nula fiscalización de estas prácticas, quien tenga los recursos de profundizar los pozos, se queda con el agua.
Pero esto pretende cambiar, ya que el gobierno envió un proyecto de ley que regulara las penalidades por la extracción ilegal de agua. El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, comentó que la medida busca castigar a los infractores de esta medida, aumentando las sanciones penales y “las multas en materia de robo de agua, de 400 mil pesos aproximadamente a cifras que llegan a los 200 millones de pesos”.
Distintas carteras de gobierno se reunieron con tal de solucionar este problema. El ministro de agricultura, Luis Mayol, por su parte , explicó que pretende que la “comisión nacional de riego cuente con recursos para poner a disposición el revestimiento de canales y profundización de pozos de norias”.
Esta situación, se produce tras la compleja situación hídrica en zonas agrícolas, que el gobierno llama a la calma asegurando que las cuentas de la luz y el agua no sufrirán alzas.
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