El mandatario señaló que quienes hayan abusado de este derecho deben enfrentar sumarios administrativos, y recordó que el Gobierno ya había impulsado sanciones más estrictas mediante una ley vigente desde 2023.
Durante su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric se refirió al informe de la Contraloría General de la República que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica.
Ante ello, el mandatario fue categórico en condenar el mal uso de este derecho y recalcó que quienes incurran en estas prácticas deben enfrentar consecuencias administrativas.
A juicio del presidente, toda persona que haya utilizado una licencia de manera fraudulenta debe ser investigada, incluso si ha renunciado posteriormente a su cargo. Según expresó, la gravedad de este tipo de faltas implica sanciones que pueden llegar hasta la destitución.
“Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave de la probidad es la destitución del cargo“, destacó.
Boric también llamó a no generalizar ni usar estos casos para desacreditar al sector público en su conjunto. Subrayó que la institucionalidad chilena sigue siendo sólida en el contexto internacional y que debe fortalecerse con medidas que apunten a la ética y la transparencia, pero sin debilitar su estructura ni retroceder en derechos.
En ese marco, destacó que antes de que el informe de la Contraloría saliera a la luz, el gobierno ya había adoptado acciones para reducir el ausentismo injustificado, como la promulgación de la Ley 21.746, que contempla multas millonarias e inhabilitación perpetua para médicos reincidentes, así como posibles penas de cárcel.
Finalmente, el mandatario recalcó la necesidad de avanzar con soluciones concretas y no limitarse a la denuncia.
A su juicio, es fundamental recuperar la confianza ciudadana con acciones firmes que combatan el abuso, sin deslegitimar al conjunto del aparato estatal.
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