El equipo especializado del Ministerio Público, coordinado por Cristián Paredes, instruyó diligencias tempranas a PDI y Carabineros para levantar testimonios, revisar cámaras y fijar puntos de inicio. La Fiscalía del Biobío, encabezada por Marcela Cartagena, detalló tres ejes de trabajo en terreno, en medio de una emergencia que el Gobierno aborda bajo estado de excepción constitucional de catástrofe.
Con varios focos que se iniciaron casi a la misma hora en Ñuble y Biobío, el Ministerio Público activó durante la madrugada la coordinación del equipo especializado para indagar incendios forestales, encabezado por Cristián Paredes.
La prioridad fue una: asegurar evidencia temprana y resguardar “sitios del suceso” para esclarecer con rapidez cómo comenzó cada siniestro y quiénes podrían estar detrás.
Según el enfoque de los investigadores, el resguardo de los puntos de inicio resulta clave para definir si existió intervención de terceros o si los hechos se explican por accidentes u otras causas. Por ahora, ninguna hipótesis queda descartada.
El equipo especializado instruyó a la PDI y a Carabineros para recabar testimonios sobre los primeros minutos de los incendios, fijar focos para peritajes y revisar registros de cámaras que puedan aportar a la identificación de eventuales responsables.
En la Región del Biobío, una de las zonas con mayor afectación y donde se concentra la cifra de víctimas fatales, la fiscal regional Marcela Cartagena entregó detalles de las primeras diligencias. Señaló que la Fiscalía tomó conocimiento de la magnitud de la emergencia desde la noche y dispuso acciones de investigación de forma inmediata.
Cartagena indicó que existen al menos tres fiscales asignados: algunos cumplen funciones en el puesto de mando y otros concurren a terreno. También se suman equipos de la Unidad de Víctimas y Testigos y coordinación con el Servicio Médico Legal.
La fiscal regional explicó que la Fiscalía asume tres tareas principales.
En ese marco, la Fiscalía también señaló que existen sitios del suceso bajo resguardo policial, con información reservada por motivos de seguridad y para proteger la investigación, mientras el incendio continúa fuera de control en algunos puntos.
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación.
