Desde las Fuerzas Armadas también respondieron al informe que entregó este jueves Amnistía Internacional, y al igual que el gobierno y Carabineros, criticaron los resultados.
“Rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido ‘una política de ataques generalizados contra manifestantes’, ya que no existió, ni existe ninguna política de las FF.AA. para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”, declararon en el comunicado tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile.
En la misma línea, detalla que “la extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FF.AA. en este sentido“.
También señalan que “su actuación fue requerida por S.E. el Presidente de la República, en el uso de sus facultades constitucionales y legales, para el mantenimiento del orden público y la defensa de las personas en el marco de la ley y las Reglas del Uso de la Fuerza, frente a los ataques generalizados cometidos por grupos no identificados y que están siendo investigados”.
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“Tampoco es cierto que durante el período que rigió el Estado de Excepción Constitucional, las FF.AA. hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social“, argumentan.
Junto a lo anterior, indican que “al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo“.
“Son hechos públicos y notorios, que durante el Estado de Excepción Constitucional se autorizó la realización de diversas manifestaciones a lo largo del país“, agregan, junto con subrayar que durante ese período personal del INDH estuvo desplegado en las calles observando los procedimientos.
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Junto a lo anterior, señalan que “se respetó absolutamente la libertad de información sobre estos hechos, y la neutralidad de las informaciones que circulaban por internet. De igual forma, es indiscutido el funcionamiento autónomo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia”.
Por otra parte, apuntan que ante hechos denunciados y la eventual responsabilidad de los involucrados debe ser “aclarada por estos Tribunales de Justicia independientes, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, propios de un estado de derecho“.
También destacan “en ningún caso los mandos de las FF.AA. ordenaron o toleraron la comisión de delitos, ni han obstruido o impedido el actuar de los organismos de derechos humanos, ni de los Tribunales de Justicia”.
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