La polémica se originó luego de que Jadue señalara que la actual administración “pareciera” buscar un nuevo estallido social, en medio de críticas por medidas que han impactado en el precio de las bencinas.
Las declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, emitidas durante los últimos días a propósito de las decisiones del gobierno de José Antonio Kast sobre materia fiscal han provocado una fuerte reacción en el Congreso, donde diputados oficialistas cuestionaron el tono de sus palabras y advirtieron sobre los riesgos de instalar discursos que, a su juicio, podrían tensionar el clima social.
La polémica se originó luego de que Jadue señalara que la actual administración “pareciera” buscar un nuevo estallido social, en medio de críticas por medidas que han impactado en el precio de las bencinas. Sus dichos fueron interpretados por parlamentarios como una señal preocupante en un contexto marcado por dificultades económicas.
Desde el oficialismo, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) cuestionó directamente el mensaje, asegurando que “luego de que el presidente hace un llamado a la unidad en nuestro país, el Partido Comunista hace un llamado solapado a la violencia en las calles”. En esa línea, agregó que “tiene que definirse si va a actuar dentro de la línea democrática, respetando al Estado de Derecho”.
Por su parte, su compañero de partido Álvaro Carter fue más enfático y calificó los dichos como una amenaza.
“Daniel Jadue es un irresponsable (…) trata de decir que el gobierno busca un estallido. Eso no es una crítica legítima, es una amenaza directa a la paz de miles de familias chilenas”, afirmó.
Las críticas también surgieron desde Renovación Nacional. El diputado Mauro González acusó que “la oposición busca aprovecharse del contexto para intentar desestabilizar al gobierno de Kast”, añadiendo que Jadue recurre a un “discurso incendiario” en lugar de promover el diálogo.
En tanto, Francisco Orrego (RN) sostuvo que “las declaraciones de Daniel Jadue son absolutamente irresponsables” y advirtió que constituyen “un llamado implícito a nuevamente tener caos, violencia y destrucción en nuestras calles”.
En medio de la controversia, los parlamentarios coincidieron en que el país necesita señales de responsabilidad política y unidad.
“En democracia tenemos el legítimo derecho a pensar distinto (…) pero lo que no podemos tolerar son llamados implícitos a la violencia”, puntualizó Orrego.
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