Diputados de Renovación Nacional presentaron un requerimiento ante Contraloría para que realice una auditoría general de las pensiones de gracia entregadas por el Gobierno a víctimas del estallido social. La bancada advierte que podrían existir presuntas irregularidades en el procedimiento administrativo.
Diputados de Renovación Nacional solicitaron a Contraloría una auditoría general para revisar las pensiones de gracia entregada a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social.
La auditoría solicitada por los parlamentarios Ximena Ossandón, Sofía Cid, Andrés Longton y Hugo Rey, presentaron el requerimiento a la CGR con el fin de verificar si se cumplieron los requisitos para el acceso de estas pensiones y el procedimiento administrativo.
“Pareciera ser que este Gobierno cayó en una discrecionalidad arbitraria al otorgar pensiones de gracia a quienes no reunían los requisitos y no eran acreedores de las mismas”, afirmó el diputado Longton.
Cabe destacar que durante el año pasado se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social. Sin embargo, los cuestionamientos que ha planteado la oposición se centran en que, de ese total, cerca del 10% de los beneficiarios cuentan con antecedentes penales.
“Esperamos que Contraloría indague a fondo estas pensiones de gracia, donde parecer ser que existen irregularidades evidentes“, agregó.
Por su parte, la diputada Ossandón complementó: “Se debe ser extremadamente riguroso para evitar que tipos con antecedentes delictuales o que nunca padecieron lesiones tengan ingresos de por vida con impuestos de Chile que trabajan día a día”.
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