Esta jornada se llevó a cabo la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las pensiones de gracia entregadas a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social.
En la instancia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló el número de beneficios otorgados y reveló que cerca del 10% de quienes han recibido estos beneficios contaban con antecedentes penales.
De acuerdo a la autoridad, “durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social”.
En esa línea, precisó que del total “148 que fueron entregadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y las restantes 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric”.
Asimismo, la autoridad explicó que de este grupo “40 personas registran antecedentes penales” y todos tendrían “antecedentes antiguos y por delitos menores“.
En específico, Monsalve indicó que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el gobierno de Piñera y 23 durante la presente administración.
No obstante, señaló que “se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento” y que “en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales“.
Pese a aquello, aclaró que es el Presidente de la República quien otorga las pensiones, “si él lo estima pertinente podría revocar el beneficio”.
Finalmente, y en cuanto a los montos otorgados, Monsalve dijo que “las pensiones tienen en promedio un monto de 1,5 ingresos mínimo no remuneracionales, lo que es en torno a los 400 mil pesos“.
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