El diputado Daniel Lilayu (UDI) ofició al Ministerio de Justicia por la entrega errónea de cédulas de identidad a ciudadanos extranjeros que no tenían residencia definitiva en Chile.
La situación surgió luego de que el medio Ciper diera a conocer que el Registro Civil -dependiente de Justicia- entregó durante seis meses entre 2024 y 2025 carnet a extranjeros que no cumplían con las condiciones para recibirlos, ya que solo tenían residencia temporal.
Desde el Registro Civil emitieron un comunicado señalando que el problema se produjo por dificultades en torno a la puesta en marcha de un nuevo software y que se bloquearían de manera inmediata los documentos implicados.
Ante la nota publicada por @ciper informamos: pic.twitter.com/x5PCZQ1bDt
— Registro Civil e Identificación – Chile (@RegCivil_Chile) June 6, 2026
En ese sentido, Lilayu sostuvo que “los chilenos tienen derecho a saber qué ocurrió, cuántas personas fueron beneficiadas con estos documentos y por qué los mecanismos de control no detectaron oportunamente una situación de esta gravedad”.
Y agregó que “es fundamental determinar cuándo se detectó el problema, quiénes estaban al tanto, qué controles fallaron y por qué el error permaneció activo durante tanto tiempo sin ser corregido”.
En el oficio, solicitó a la cartera entregar el número exacto de las cédulas emitidas de forma errónea, en qué regiones se registraron los casos y los mecanismos de coordinación entre el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones para validar la situación migratoria de las personas que solicitan carnet.
También pidió antecedentes sobre el avance de los sumarios administrativos que fueron anunciados, eventuales responsabilidades de funcionarios y medidas que podrían tomarse, además de aclarar si los documentos alcanzaron a ser utilizados para distintos trámites.
El parlamentario advirtió que “estamos frente a un hecho que podría haber tenido consecuencias relevantes en distintos ámbitos. Por eso es necesario conocer el impacto real de estas cédulas y determinar si existió acceso indebido a beneficios públicos o costos fiscales derivados de este error”.
“La correcta identificación de las personas y el resguardo de los registros del Estado son materias fundamentales para la seguridad institucional del país. Esperamos respuestas claras, oportunas y transparentes por parte de las autoridades competentes”, cerró.
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