El diputado Jaime Araya (ind-PPD) ofició a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, para solicitar la suspensión del estratega político y comunicacional de La Moneda, Cristián Valenzuela, luego de conocerse el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).
Respecto de su solicitud, según consignó Radio Bío-Bío, esta se relaciona con “la responsabilidad que le cabe en los graves hechos denunciados en su oportunidad, y atendida la circunstancia de que la Contraloría ha ordenado instruir un sumario administrativo”.
En esa línea, el parlamentario pidió: “Solicitar formalmente a usted que disponga la suspensión de funciones del señor Cristián Valenzuela en su calidad de autoridad vinculada a la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, mientras se sustancia el respectivo sumario administrativo”.
He oficiado a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, solicitando la suspensión de Cristián Valenzuela de sus funciones en la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, mientras se sustancia el sumario administrativo instruido por la Contraloría tras la… https://t.co/Dnleeqx1bv
— Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) April 29, 2026
Asimismo, sostuvo que es importante el nombramiento de un fiscal que entregue garantías de imparcialidad en el proceso, además de asegurar una investigación en profundidad y las “máximas sanciones si se establece responsabilidad del señor Valenzuela”.
Araya aclaró que esta solicitud tiene un fin de “carácter preventivo y no implica prejuzgamiento alguno”, ya que “la gravedad de los hechos exige una señal clara, oportuna y proporcional por parte de la autoridad, que reafirme el compromiso con los principios de probidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”.
Los antecedentes del caso
Esto se enmarca luego de que el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) informara que cumplirá con la instrucción del ente contralor y dará inicio a un proceso disciplinario vinculado a publicaciones en redes sociales que aludían a un “Estado en quiebra”.
El organismo ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades tras la difusión de dichos mensajes.
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