El diputado del Partido Nacional Libertario, Leonidas Romero, ingresó el proyecto de ley “Tengo fe en Dios”, con el que propone eliminar la causal de violación contemplada en la Ley 21.030. Ante esta iniciativa, las organizaciones Corporación Miles y Corporación Humanas, dedicadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, manifestaron su rechazo y dieron a conocer su postura frente a la propuesta.
Durante este martes, en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario del Partido Nacional Libertario (PNL), Leonidas Romero, presentó su proyecto llamado “Tengo fe en Dios”, que tiene como propósito eliminar una de las tres causales de la Ley 21.030.
La iniciativa fue ingresada el martes 22 de julio de este año, se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional y busca derogar la causal de violación establecida en la legislación vigente.
Según la normativa actual, se permite la interrupción del embarazo cuando este sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. En el caso de niñas menores de 14 años, el plazo se extiende hasta catorce semanas.
En su propuesta, Romero sostuvo que esta causal “ha demostrado, en la práctica, una grave desconexión entre el sistema sanitario y el sistema judicial, facilitando la eliminación del niño concebido sin garantizar justicia ni reparación a la víctima”.
En esa línea, argumentó que, entre los motivos para eliminar esta causal, está que la “legislación actual ha sido usada como una vía administrativa ante un hecho delictual, dejando impune al violador, desprotegida a la madre y completamente desprovisto de reconocimiento y dignidad al niño concebido”.
Por tanto, consignó en el documento que “esta moción propone derogar dicha causal, proteger el vínculo materno-filial desde la concepción, acompañar a la madre con redes de apoyo y garantizar el derecho a la objeción de conciencia”.
Sobre el proyecto, reaccionó la Corporación Miles, organización enfocada en promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Respecto a la propuesta, señalaron que pretende eliminar la causal de violación, ampliar la objeción de conciencia, reforzar la maternidad forzada e impulsar una visión religiosa en la legislación.
“Dicen ‘acompañamiento’, pero niegan el derecho a decidir. Las niñas no son incubadoras”, subrayaron.
Además, la organización enfatizó que este proyecto viola el derecho internacional: “Contraviene lo indicado por el Comité CEDAW, Derechos Humanos y Derechos del Niño, que establecen que se debe asegurar el acceso al aborto, particularmente en los casos de violación, y su denegación puede constituir tortura“.
También aclararon que el acompañamiento ya está contemplado en la Ley 21.030, por lo que —a su juicio— la propuesta solo busca maquillar un retroceso brutal: quitar el derecho al aborto legal en contextos de violencia sexual. En suma, señalaron que “rompe la laicidad del Estado e ignora la autonomía de las mujeres y la evidencia”.
Desde la Corporación Humanas también se sumaron a las críticas.
“Garantizar el aborto legal es proteger la vida, la salud y el futuro de niñas víctimas de violencia sexual”, afirmaron.
Según cifras del Departamento de Estadisticas e Información de Salud (DEIS) durante el año pasado, el 27,0% de las interrupciones del embarazo contempladas en la Ley IVE corresponden a niñas y adolescentes. De acuerdo con la legislación chilena, todo embarazo en una menor de 14 años es producto de una violación. Sin embargo, en 2024, cerca de 109 niñas entre 10 y 14 años egresaron de hospitales tras haber dado a luz.
Por tanto, ambas organizaciones instaron a mantener la causal de violación, proteger a las niñas de la revictimización institucional y rechazar este proyecto de ley.
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