La Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago solicitó la renuncia anticipada de la rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Alejandra Benavides, en medio de una demanda laboral contra la administración del alcalde Mario Desbordes.
Benavides asumió el cargo en mayo de 2022 a través del sistema de Alta Dirección Pública. Durante su gestión, en octubre de 2024, se registró una explosión provocada por el uso de bombas molotov en los baños del establecimiento educacional, hecho que dejó al menos 30 estudiantes heridos, varios de ellos con quemaduras graves.
Motivos de la renuncia anticipada
La decisión se tomó tras una evaluación de su desempeño correspondiente al año pasado. Benavides obtuvo un 56% de cumplimiento en los indicadores establecidos en su convenio de desempeño, cifra inferior al 71% exigido como mínimo.
Respecto a la determinación, el alcalde Desbordes explicó que los funcionarios públicos que acceden a un cargo mediante el sistema de Alta Dirección Pública —o por medio del proceso del Servicio Civil— deben suscribir un convenio de desempeño, donde se establecen metas y objetivos específicos.
“Estos convenios deben ser cumplidos. De lo contrario, la persona no está rindiendo lo que se acordó ni cumpliendo con lo que postuló. En ese contexto, la exdirectora del INBA es una de las personas que, al revisar todos los convenios de desempeño, no cumplió con los requisitos establecidos”, aclaró.
Además, señaló que la revisión de estos convenios fue realizada por una funcionaria de carrera con décadas de experiencia en la municipalidad y en la Dirección de Educación.
“Insisto, los análisis se hacen con criterios objetivos. No es una decisión subjetiva. En ese marco se tomó la determinación de poner término al contrato de la exdirectora del Internado Nacional Barros Arana”, reiteró Desbordes.
En cuanto a una eventual apelación, el jefe comunal afirmó que Benavides tiene pleno derecho a ejercer las acciones legales que estime convenientes, pero defendió la legalidad de la decisión adoptada por el municipio.
“Ella tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a ejercer las acciones legales que considere necesarias. Pero desde el municipio, y en mi calidad de sostenedor, estoy muy tranquilo de que la decisión se ajusta 100% a derecho”, concluyó.
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