La querellante María Elena Santibáñez, defensa de la denunciante de Monsalve, acusa al abogado de colaborar con imputados en una causa paralela para intentar difundir material privado de su representada en medios de comunicación, con el fin de desprestigiarla.
La Defensoría Penal Pública confirmó este jueves que inició una investigación administrativa tras la denuncia presentada en contra del defensor penal público Víctor Providel, quien representa al exsubsecretario Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual.
La acción fue motivada por una acusación realizada por la abogada querellante María Elena Santibáñez —quien representa a la denunciante del caso—, en la que se acusa al defensor de haber colaborado activamente con otros imputados para intentar difundir información privada de la víctima, con el presunto objetivo de desprestigiarla públicamente.
Según el comunicado firmado por Santibáñez y los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, Providel habría entregado contactos de periodistas a uno de los imputados, con el fin de facilitar la difusión de material audiovisual de carácter privado de la denunciante.
Dicha acción, advierten, vulneraría gravemente los principios de probidad y ética profesional que rigen la labor de los funcionarios públicos.
“El defensor del imputado habría cooperado con personas bajo investigación por delitos contra la intimidad de nuestra representada, facilitando su contacto con medios de comunicación para divulgar aspectos personales sin relación con el proceso judicial en curso”, señala el comunicado.
Según La Tercera, la denuncia se basa en antecedentes obtenidos por la Fiscalía Centro Norte en el marco de una arista paralela por amenazas, iniciada en mayo de este año.
En esa causa, se investigan los intentos de dos imputados —uno de ellos expareja de la víctima— por ofrecer material sensible a medios de comunicación con el fin de perjudicarla.
Los teléfonos de la los dos imputados fueron incautados por Fiscalía. En los aparatos se habría hallado conversaciones entre uno de los sujetos y el defensor Providel, en las que aparentemente el abogado entrega números de contacto para intentar difundir la información sensible.
Incluso, Providel pide que su identidad quede en reserva.
Por ahora, los abogados de la denunciante ha solicitado formalmente la remoción del defensor del caso y no descarta presentar acciones penales por las eventuales infracciones cometidas.
Frente a estos hechos, la Defensoría Penal Pública emitió un comunicado en el que aclara que, al tomar conocimiento de la denuncia, se ordenó de inmediato una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles faltas a la probidad o la ética profesional.
“Nuestro rol institucional es prestar defensa penal a toda persona que no cuente con un abogado particular, asegurando el respeto a los derechos fundamentales. Si se comprueba que hubo vulneración de deberes legales o éticos, se adoptarán las sanciones correspondientes, sin defensas corporativas y respetando siempre la presunción de inocencia”, señala la misiva.
Además, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez —supervisora directa de Providel— se referirá públicamente al caso en las próximas horas.
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