Contraloría revela falta de fiscalización en colegios que recibieron denuncias por violencia escolar

La Contraloría General de la República (CGR) informó que entre 2024 y 2025 los colegios que presentaron mayor cantidad de sanciones y denuncias en el marco del programa “Convivencia y Salud Mental” no fueron fiscalizados por la Superintendencia de Educación.

La institución verificó las acciones realizadas por la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para “garantizar el cumplimiento de las normas que imponen deberes relacionados con la buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales”.

Así, se detectó que entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se recibió un total de 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional. De ese total, “solo 1.727 fueron materia de fiscalización propiamente tal”.

Asimismo, se constató que este tipo de denuncias no ha bajado durante los últimos años, sino que su incremento “promueve que el fenómeno de la violencia en los establecimientos siga siendo en nuestro país una de las principales problemáticas que enfrenta la educación escolar pública”.

Por otro lado, el ente contralor revisó la reubicación de estudiantes de colegios emblemáticos de la Región Metropolitana que fueron sancionados con expulsión y cancelación de matrícula, dando a conocer que “38 alumnos fueron reubicados o cuentan con matrícula actual, en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento educacional, sin que hayan sido reubicados como lo establece la legislación vigente”.

En concreto, se analizó la situación del Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, ubicados en las comunas de Santiago y Providencia, establecimientos que “concentraron la mayor cantidad de denuncias y sanciones en el período auditado”.

De ese modo, la CGR indicó que el 21% de los alumnos sancionados se reincorporó al mismo establecimiento que los expulsó o canceló la matrícula, “donde los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse”. Mientras que el 79% restante “se incorporó a otro de los establecimientos emblemáticos situados entre aquellos con más problemas de violencia”.

Por ello, la Contraloría ordenó a la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación adoptar coordinadamente las medidas pertinentes según corresponda.