Contraloría pide reubicar a estudiantes que siguen en colegios emblemáticos a pesar de ser sancionados por hechos de violencia

La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la Superintendencia de Educación la reubicación de estudiantes que fueron expulsados o sancionados con cancelación de matrícula por participar en hechos violentos en colegios emblemáticos.

Esto, luego que se constatara que 38 alumnos aparecen matriculados en el mismo establecimiento o en otros recintos emblemáticos, según reportó Emol.

“Se revisó la reubicación de los estudiantes de colegios emblemáticos que fueron sancionados, ya sea con la cancelación de la matrícula o expulsión, constatándose que 38 alumnos fueron reubicados o cuentan con matrícula actual, según lo registrado en el Sistema de Información General de Estudiantes, en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento”, se indica en el documento, de acuerdo al citado medio.

En el informe se fiscalizó la situación de algunos emblemáticos de Santiago y Providencia, como el Instituto Nacional, Internado Nacional Barros Arana, Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo José Victorino Lastarria, Liceo 7 de Providencia y Liceo Carmela Carvajal.

El documento continúa señalando que los alumnos no fueron reubicados de acuerdo a la ley 20.370 sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, verificando, además, que el 21% de los escolares fue reincorporado al mismo colegio que los expulsó, “donde los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse”.

Mientras que el 79% restante se fueron a otros emblemáticos “situados entre aquellos con más problemas de violencia”.

De esa manera, el ente contralor indicó que tanto la Superintendencia de Educación como la Subsecretaría de Educación deberán tomar medidas de acuerdo a sus “facultades instructivas, reglamentarias y dictaminadoras, según corresponda, que regulen el procedimiento y las facultades de los intervinientes en aquel, para la reubicación en nuevos establecimientos educacionales de aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, considerando en particular aquellas aplicadas con motivo de hechos vinculados con violencia”.

Se otorgó un plazo de 60 días hábiles para que las instituciones entreguen información a través del Departamento de Auditoría en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría.