Tanto en funcionarios públicos y municipales.
Esta medida se gesta, luego de que salieran a la luz una serie de casos de funcionarios públicos, que obtuvieron subsidios habitacionales, de patrimonio y fondo solidario de vivienda entre los años 2010 y 2011.
La revisión efectuada con antecedentes proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, dio cuenta de 48 casos de funcionarios de la Región Metropolitana, comprobando la recepción de cerca de 280 mil millones de pesos por concepto de subsidios.
Tras el análisis, la Contraloría ordenó al Ministerio de Desarrollo Social iniciar un proceso sumarial con el fin de investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en la entrega de beneficios. Acción que ya se encuentra en marcha, complementadas con las respectivas denuncias en los juzgados de Policía Local.
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