El ente contralor reportó que detectó “graves irregularidades” en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir por parte de funcionarios municipales de La Granja y San Ramón, luego de que se concedieran permisos a personas condenadas por diversos delitos, pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
La Contraloría General de la República (CGR) anunció que iniciará un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios de las municipalidades de La Granja y San Ramón, tras detectar graves irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir.
El ente contralor señaló que “detectó graves irregularidades en el otorgamiento de renovación de licencias de conducir” por parte de trabajadores municipales.
Entre los hallazgos se encuentran permisos concedidos a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
“Los hallazgos incluyen permisos concedidos a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos y trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”, detalló Contraloría.
En el Informe Final N°321/2025, la CGR consignó que tres personas recibieron licencias mientras cumplían penas privativas de libertad, contraviniendo la Ley de Tránsito, que exige la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas.
Además, se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en la comuna. “Esto último fue detectado tras el cruce de información con la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación”, señaló el informe.
También se constató la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes mantenían deudas vigentes por un total de $11.111,911 UTM.
El documento menciona, además, cinco casos en los que trabajadores municipales “intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares, participando en los exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas e incluso autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público”.
La CGR requirió en 29 oportunidades antecedentes del sistema de licencias y los perfiles de usuario asociados; sin embargo, la municipalidad no entregó la información completa, motivo por el cual se instruirá un sumario administrativo.
En esta comuna, la Contraloría observó el otorgamiento de una licencia de conducir a una persona que también se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad.
En ese contexto, el organismo ordenó paralizar el sumario iniciado por el propio municipio y remitir el expediente a la CGR, para que sea esta entidad la que determine eventuales responsabilidades administrativas.
El Informe Final N°367/2025 identificó que se entregaron 73 licencias a personas condenadas entre 2023 y 2024, sin ajustarse a lo establecido en la Ley de Tránsito. Asimismo, se verificó la entrega de permisos a 55 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
La auditoría también detectó licencias otorgadas sin cumplir requisitos mínimos, como evaluaciones de coordinación motriz, agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, recuperación de encandilamiento, visión de colores, audiometría y examen psicosensométrico.
A ello se suma un deficiente manejo documental, con expedientes almacenados en bodegas improvisadas, apilados en el suelo o en estantes precarios, además de licencias vencidas en mal estado y sin orden de archivo.
Finalmente, se constató que el municipio aplicó cobros superiores o inferiores a lo establecido en las ordenanzas vigentes, generando diferencias por $1.742.335, de los cuales $277.903 corresponden a ingresos por derechos municipales no regulados.
Cabe señalar que, en ambos casos, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
Tras la contención de los incendios forestales, comenzará la remoción de escombros, la entrega de kits de primera necesidad y posteriormente se realizará la construcción de casas, dijo el presidente del organismo, Nicolás Birrell.
