En la instancia, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, entregó antecedentes que justifican la necesidad de legislar en torno a la materia.
Este miércoles, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el debate sobre el proyecto presentado por el Gobierno que regula la interrupción voluntaria del embarazo.
A la instancia asistió la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien fue la encargada de presentar la propuesta del Ejecutivo ante los parlamentarios.
La iniciativa tiene como objetivo habilitar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, a solicitud de la mujer, adolescente o niña embarazada.
También se encarga al Ministerio de Salud (Minsal) dictar las normas técnicas para regular la prestación en un plazo de seis meses desde publicada la ley, explican desde la Cámara.
El texto detalla las condiciones de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en donde el consentimiento es el requisito principal.
En esa línea, se estipula que “la manifestación de voluntad deberá realizarse según lo dispuesto en el Código Sanitario para la interrupción de embarazo por las tres causales”.
Adicionalmente, se indica que “la mujer tendrá derecho a recibir información veraz y completa en los mismos términos que contempla la actual norma. Del mismo modo, se mantiene el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia del personal de salud en los términos ya regulados”.
En la presentación de la propuesta, la ministra de la Mujer entregó antecedentes que justifican la necesidad de legislar en torno a la materia.
Y señaló que “la criminalización del aborto no influye en la decisión de realizarlo, pero sí significa que mujeres y adolescentes lo hagan poniendo en riesgo sus vidas. Esto por no contar con las medidas sanitarias necesarias y el temor de asistir a centros asistenciales si presentan complicaciones”, según acotaron desde la Cámara.
En esa línea, recordó que 77 de los 193 países reconocidos por la Asamblea General de la ONU permiten la interrupción voluntaria del embarazo.
Por ejemplo, países como Alemania, Dinamarca, Ciudad de México y Uruguay permiten el aborto hasta las 12 semanas; Argentina, España y Francia hasta las 14 semanas; Suecia hasta las 18 semanas; Islandia hasta las 22 semanas; y Colombia, Reino y Unido y Australia permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación.
Luego de la presentación del Ejecutivo, los parlamentarios expresaron distintas posiciones respecto a la iniciativa.
Quienes se manifestaron en contra apuntaron a que el proyecto pondría en discusión el valor de la vida y cuestionaron que la interrupción sería hasta las 14 semanas.
Algunos apuntaron a un eventual riesgo de alza de infecciones de transmisión sexual (ITS).
Así, los y las diputadas que dijeron estar a favor, llamaron a realizar un debate democrático. Y si bien reconocieron que el debate involucra elementos valóricos, también es necesario comprender que pueden existir diferencias de valores en la población.
Se subrayó en que el proyecto no obliga a nadie a abortar.
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